La denuncia judicial por el Acueducto Gran Tulum incorporó documentación técnica elaborada durante la obra que advertiría observaciones sobre las cañerías. Buscan determinar quién conocía esos antecedentes y qué decisiones se tomaron.
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo. El abogado Marcelo Arancibia presentó una ampliación de la denuncia incorporando un informe técnico elaborado en junio de 2020, cuando la obra aún se encontraba en ejecución, que podría aportar información relevante sobre el estado y los procedimientos aplicados en parte de la infraestructura.
Según confirmó el letrado a Diario La Ventana, el nuevo escrito adjunta documentación confeccionada por Industrias Metalúrgicas Jaime el 24 de junio de 2020, vinculada a los sistemas de unión utilizados en caños de polietileno de alta densidad (PEAD) empleados en distintos tramos del acueducto.
De acuerdo con la presentación, el documento contiene observaciones técnicas sobre procedimientos de electrofusión y controles aplicados a las uniones, elementos considerados sensibles en una obra destinada a reforzar el abastecimiento de agua potable del Gran San Juan.
El nuevo planteo judicial busca ampliar el eje de análisis de la causa. Ya no se trata solamente de verificar si los materiales utilizados cumplían con las especificaciones técnicas, sino de establecer si existían advertencias previas durante la construcción, quiénes tuvieron acceso a esa información y qué medidas adoptaron los responsables del proyecto.
La denuncia sostiene que las inspecciones de las que surgieron esas observaciones habrían contado con participación de representantes de MAPAL S.A., personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y especialistas técnicos, lo que abre interrogantes sobre el circuito interno de conocimiento y control dentro de la obra.
Para la parte denunciante, uno de los puntos centrales es que las alertas técnicas —si se confirma su alcance— no habrían aparecido después de terminada la infraestructura, sino en pleno desarrollo de los trabajos. Bajo esa hipótesis, la Justicia deberá analizar si existieron omisiones, falta de actuación o decisiones administrativas adoptadas pese a contar con antecedentes técnicos formales.
En función de la nueva documentación, Arancibia pidió profundizar la investigación sobre eventuales delitos contra la administración pública, entre ellos administración fraudulenta agravada, incumplimiento de deberes de funcionario público y posible malversación de fondos, aunque la eventual tipificación dependerá del avance del expediente.
La incorporación del informe técnico podría transformarse en un elemento relevante dentro de la causa, porque permitiría reconstruir qué información manejaban funcionarios, inspectores y empresas involucradas durante la ejecución de una de las obras hídricas más importantes desarrolladas en San Juan en las últimas décadas.
Ahora, la investigación deberá determinar si las observaciones registradas durante la construcción tuvieron impacto en decisiones posteriores y si ello pudo derivar en algún perjuicio para el Estado, en un caso que combina obra pública, controles técnicos y posibles responsabilidades administrativas y judiciales.
