La Provincia busca autorización legislativa para financiar un paquete de infraestructura que incluye la Ruta 150, la Ruta 40, más de 30 barrios, obras hídricas y mejoras clave para acompañar el crecimiento minero y productivo.

Detrás del proyecto de ley que el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados para acceder a financiamiento, ya aparece un mapa concreto de obras estratégicas: rutas nacionales y provinciales, viviendas, infraestructura hídrica, agua potable, cloacas y mejoras logísticas vinculadas al nuevo ciclo minero de San Juan.

La propuesta oficial apunta a conseguir recursos mediante emisión de bonos o préstamos para acelerar inversiones consideradas prioritarias en una provincia que se prepara para el impacto económico de los grandes proyectos de cobre.

En materia vial, uno de los proyectos centrales es la Ruta 150 entre Jáchal e Iglesia, corredor clave para la conectividad del norte sanjuanino y con fuerte peso estratégico por su vinculación con el desarrollo minero y el corredor bioceánico asociado al Paso de Agua Negra.
La lista también incluye intervenciones sobre la Ruta 40, una obra atravesada en los últimos años por demoras, recortes nacionales y gestiones de la Provincia para conseguir financiamiento y destrabar trabajos pendientes. A eso se suman rutas provinciales y el derivador de tránsito de la Avenida Circunvalación, en línea con la agenda vial que el Ejecutivo viene impulsando durante 2026.
El capítulo habitacional es otro de los grandes pilares del plan. La Provincia buscará fondos para construir más de 30 barrios y lanzar 1.000 créditos del IPV destinados a viviendas bajo operatoria individual, una medida que combina respuesta a la demanda habitacional con reactivación de la construcción y generación de empleo.

El agua aparece como el otro eje estructural. El proyecto contempla impermeabilización de canales de riego, renovación de compuertas, ampliación de redes de agua potable y cloacas, obras directamente ligadas a la eficiencia hídrica en una provincia atravesada por la crisis del recurso y por el desafío de abastecer crecimiento poblacional, agroindustrial y minero.

Según explicó el Gobierno, el esquema se organiza sobre cuatro grandes áreas: vivienda, obras viales, infraestructura hidráulica y agua potable y saneamiento. El argumento oficial es que San Juan necesita anticiparse a demandas futuras y evitar que el crecimiento económico choque con limitaciones de infraestructura.

El trasfondo del proyecto es económico y político. Con menor flujo de obra pública nacional, la Provincia busca abrir una nueva etapa basada en financiamiento propio o externo para sostener inversiones de gran escala. El desarrollo minero —con proyectos como Josemaría, Vicuña, Los Azules y Hualilán en el horizonte— aparece como uno de los motores que explican la urgencia oficial por acelerar caminos, servicios y logística.

Ahora la discusión se trasladará a la Legislatura. Allí no solo se debatirá la autorización para endeudarse o emitir deuda: también quedará bajo análisis qué obras se priorizan, bajo qué esquema financiero y cuál será el costo fiscal de preparar a San Juan para la economía del cobre.