ALERTAN POR DEMORAS EN LA CAUSA GLOBAL MARKET

La querella cuestionó la falta de definiciones sobre las apelaciones y advirtió que, sin medidas cautelares urgentes, el dinero denunciado podría desaparecer en una causa que ya involucra unos $4.000 millones.

La investigación por la presunta estafa vinculada a Global Market atraviesa una nueva instancia judicial marcada por apelaciones, disputas sobre la competencia del caso y fuertes advertencias sobre el riesgo de que los fondos reclamados por los damnificados se tornen irrecuperables.

El abogado Marcelo Arancibia, representante de un grupo de denunciantes, cuestionó la falta de avances procesales y sostuvo que, sin medidas preventivas inmediatas, la causa podría derivar en “la estafa más grande del sistema no financiero de San Juan”.

La discusión judicial se centra actualmente en dos frentes: la definición sobre qué fuero continuará la investigación y el tratamiento de medidas cautelares orientadas a preservar bienes, pruebas y el eventual rastreo del dinero.

Arancibia explicó que su presentación se limitó a apelar el rechazo de determinadas cautelares solicitadas durante la audiencia en la que el juez de Garantías Javier Figuerola se declaró incompetente y remitió el expediente a la Justicia Federal.

“Yo solamente apelé la denegación de ciertas medidas cautelares”, señaló el letrado, diferenciándose de otros querellantes que sí decidieron cuestionar la declaración de incompetencia.

Según su planteo, el principal problema no radica únicamente en la futura atribución de responsabilidades penales, sino en la posibilidad de que los activos desaparezcan antes de que la Justicia logre intervenir. “Puede convertirse también en el delito perfecto; no porque no haya culpables, sino porque el dinero no va a aparecer”, advirtió.

En ese contexto, el abogado defendió su decisión de no apelar el debate sobre la competencia judicial para evitar nuevas demoras. Su postura apunta a que, sea en el ámbito provincial o federal, algún tribunal tome rápidamente el control del expediente y active la investigación.

Sin embargo, aseguró que la causa permanece sin definiciones inmediatas. “Todavía no tenemos fijada audiencia para ninguna de estas dos apelaciones”, indicó.

El expediente expone además diferencias internas dentro de la propia querella. Mientras algunos representantes insisten en que el caso debe continuar en la Justicia provincial, Arancibia sostiene que la prioridad debería concentrarse en asegurar medidas urgentes que permitan preservar evidencia y seguir el recorrido de los fondos denunciados como desaparecidos.

La magnitud económica del caso eleva la tensión judicial. Según los denunciantes, el perjuicio investigado ya rondaría los $4.000 millones, una cifra que coloca a la causa entre las de mayor impacto financiero reciente en la provincia.

La próxima definición judicial será clave no solo para determinar qué tribunal seguirá adelante con la investigación, sino también para saber si aún existe margen para aplicar medidas capaces de evitar que el eventual daño económico se vuelva irreversible.