El oficialismo posterga el tratamiento en Diputados y busca respaldo de gobernadores mineros en un escenario de fuerte rechazo social y dudas legislativas.

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares entró en una fase de incertidumbre en Diputados. Aunque el proyecto ya cuenta con media sanción del Senado (40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención), el oficialismo decidió postergar su avance y convocar a gobernadores de provincias mineras, en un intento por consolidar apoyos antes de llevarlo al recinto.

La nueva estrategia implica una reunión informativa prevista para principios de abril, con mandatarios de la llamada “mesa del litio y del cobre”, lo que dilata los tiempos legislativos. El plan inicial era firmar dictamen y debatir el proyecto el 8 de abril, pero ahora no hay fecha confirmada para su tratamiento.

El giro responde a un problema central: no están asegurados los votos. Mientras un sector del oficialismo sostiene que podría alcanzar más de 130 voluntades, otros reconocen que la discusión podría extenderse varias semanas ante la resistencia opositora y las tensiones internas.

El contexto se volvió aún más complejo tras las audiencias públicas. En la instancia de participación ciudadana, el rechazo fue contundente: el 95% de los expositores se manifestó en contra del proyecto, lo que fortaleció la posición de la oposición y de organizaciones ambientales.

Además, el proceso quedó bajo cuestionamiento. Hubo críticas por la baja representatividad —sobre más de 120.000 inscriptos participaron solo unos pocos centenares— y advertencias sobre una posible judicialización del trámite legislativo por presuntas irregularidades procedimentales.

En términos de fondo, la reforma propone modificar la ley vigente para otorgar mayor margen a las provincias en la definición de zonas protegidas, lo que podría habilitar actividades como la minería en áreas periglaciares. El Gobierno defiende la iniciativa como clave para atraer inversiones —con proyectos estimados en hasta u$s30.000 millones—, mientras que críticos advierten sobre el riesgo para las reservas estratégicas de agua.

La convocatoria a gobernadores expone el trasfondo político del debate: el oficialismo busca alinear a distritos con intereses mineros para sostener la reforma, mientras la oposición intenta ampliar la discusión a provincias afectadas por cuencas hídricas.

Con el cronograma en pausa y el clima político en tensión, el proyecto ingresa en una etapa crítica. La definición en Diputados no solo pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para construir mayorías, sino que también marcará el rumbo del equilibrio entre desarrollo extractivo y protección ambiental en la Argentina.