La mujer habló del drama que atravesó con las adicciones de su hijo, aseguró que buscó asistencia durante años y sostuvo que no justificará los hechos investigados en Concepción.

Mónica, madre de Agustín Emanuel Vila, uno de los principales acusados por el violento robo y abuso ocurrido en una vivienda de Concepción, rompió el silencio y expuso públicamente la compleja situación que, según afirma, atravesó durante años intentando alejar a su hijo de las drogas y la delincuencia.

En un testimonio cargado de dolor y frustración, aseguró que realizó reiterados pedidos de ayuda para lograr un tratamiento de rehabilitación, aunque se encontró con trabas institucionales y respuestas insuficientes.

“Me cansé de pedir ayuda. Desde la Justicia me decían que, por la Ley de Salud Mental, no podían obligarlo a internarse y que todo dependía de su voluntad”, sostuvo.

Según relató, en un momento consiguió que el joven ingresara a una institución de recuperación, pero el tratamiento fracasó después de que escapara del lugar tras conflictos con otros internos. “Después ya no quisieron volver a recibirlo”, lamentó. También afirmó que intentó gestionar una internación fuera de San Juan, sin éxito.

Para la mujer, el grave episodio investigado en Concepción pudo haberse evitado si hubiera existido una intervención más efectiva frente al deterioro de la situación de su hijo. “Él ya estaba muy metido en la droga. Yo pedí auxilio muchas veces”, afirmó, al recordar que el día del hecho el joven llevaba dos días sin regresar a su casa.

La madre del acusado también respondió a quienes la cuestionan en redes sociales y la responsabilizan por lo ocurrido. “Nadie sabe la lucha que hay detrás de todo esto ni los pedidos desesperados que hice para intentar salvarlo”, expresó.

En uno de los pasajes más duros de su relato, reconoció el nivel de desesperación al que había llegado frente a la conducta de su hijo: “Hasta pensé en encadenarlo a la cama para que no saliera a delinquir”.

Además, apuntó contra decisiones judiciales tomadas en el pasado y consideró que existió una mirada demasiado permisiva. “Cuando cruzan ciertos límites dejan de ser chicos. Él sabía lo que hacía y creo que la jueza tendría que haber sido más dura”, manifestó.

Respecto de la causa que conmociona a San Juan, dijo que el joven negó su participación cuando habló con su hermana tras el episodio, aunque evitó defender esa versión. Por el contrario, tomó distancia de cualquier intento de justificación.

“Por más que sea mi hijo, no puedo defenderlo. Quiero que la Justicia haga su trabajo”, señaló.

La mujer también tuvo palabras dirigidas a la mujer y a la menor víctimas del ataque. “Lo siento muchísimo. Me pongo en su lugar y entiendo el dolor que está pasando. Hizo bien en denunciar”, expresó.

En el cierre, dejó una definición contundente sobre el futuro judicial de su hijo: “No voy a visitarlo al penal. Tiene que pagar por lo que hizo”.

El caso vuelve a poner en discusión un debate sensible que excede el expediente judicial: los límites de la intervención estatal frente a consumos problemáticos, las herramientas disponibles para las familias y las tensiones que genera la aplicación de la Ley de Salud Mental ante situaciones de alta conflictividad social y delictiva.