Rubén Pontoriero reveló que se conformó un tribunal ad hoc para resolver las inhibiciones en la causa Expropiaciones. El expediente, con 16 años de trámite, sigue sin revisión definitiva del fallo condenatorio.

La causa Expropiaciones, uno de los expedientes judiciales más sensibles de San Juan, sumó un nuevo capítulo con la conformación de un tribunal ad hoc que deberá intervenir ante las reiteradas inhibiciones de magistrados en el proceso de revisión del fallo condenatorio.

Así lo confirmó el abogado querellante Rubén Pontoriero en el programa La Ventana, conducido por Juan Carlos Bataller y Juan Carlos Bataller Plana, donde explicó que el nuevo cuerpo judicial aún no revisará las apelaciones, sino que primero deberá resolver si acepta o rechaza las excusaciones presentadas por jueces que debían integrar el tribunal original.

“Todavía no van sobre las apelaciones. Primero tienen que decidir sobre las inhibiciones”, aclaró el letrado.

Según detalló, el escenario se complejizó después de las inhibiciones de Muñoz Carpino e Ibáñez, situación que dejó sin integración al tribunal encargado de intervenir en la causa. Ante ese vacío, la Justicia avanzó con un sorteo de magistrados y conformó un tribunal especial para tratar exclusivamente ese punto.

Además, se sorteó una lista de reemplazos provenientes de cámaras laborales, civiles y de paz, contemplando la posibilidad de nuevas recusaciones o inhibiciones, una dinámica que viene marcando el derrotero del expediente.

Pontoriero vinculó estas dificultades con las particularidades internas del sistema judicial sanjuanino. “Había muchas amistades e intereses cruzados”, sostuvo al explicar las complejidades históricas del caso.

La causa Expropiaciones arrastra 16 años de trámite judicial, una demora que, según el querellante, responde en gran medida a que continúa bajo el viejo sistema procesal, anterior al modelo acusatorio vigente en la provincia.

“Es absolutamente tortuoso”, describió Pontoriero sobre el funcionamiento del esquema procesal anterior, al tiempo que destacó que las causas nuevas avanzan hoy con mayor rapidez bajo el sistema acusatorio.

Sin embargo, el abogado defendió el alcance institucional del juicio y relativizó las críticas por la extensión del proceso. A su entender, el expediente no se limitó a un caso de corrupción aislado, sino que expuso una trama que atravesó áreas centrales del Estado.

“La corrupción cruzó tangencialmente todo el Estado y pegó en la línea de flotación del Poder Judicial”, afirmó. Recordó que hubo jueces comprometidos, peritos oficiales, un fiscal de Estado y participación del Tribunal de Tasaciones, lo que obligó incluso a revisar prácticas y estructuras institucionales.

Pontoriero también puso en valor el juicio oral realizado, que se extendió durante dos años y medio y que calificó como uno de los más largos desarrollados en la provincia.

Mientras tanto, el expediente sigue sin una definición definitiva. El próximo movimiento dependerá de lo que resuelva el nuevo tribunal sobre las inhibiciones. Sólo después podrá abrirse la instancia clave: la revisión del fallo condenatorio en una de las causas judiciales más emblemáticas y prolongadas de la historia reciente de San Juan.