El líder de la red que falsificaba documentos para sacar créditos millonarios recibió 5 años y 4 meses de prisión. Ya son seis los condenados y otros seis acusados irán a juicio.
Rolando Navarro Saide, señalado como el cerebro de una organización dedicada a falsificar DNI para cometer estafas financieras, fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión tras aceptar un juicio abreviado. El fallo, validado por el juez Juan Ignacio Pérez Curci, lo ubicó como jefe de una asociación ilícita que usurpó identidades para obtener préstamos y realizar compras fraudulentas.
La investigación determinó que la banda operaba con apoyo interno en el Estado. Su principal nexo era Natalia Castillo, exencargada del Registro Civil de Pocito, quien facilitaba trámites y acceso a documentación oficial. A partir de datos obtenidos de registros públicos —como ANSES, Procrear y Progresar— la organización identificaba víctimas, gestionaba duplicados de DNI y reemplazaba fotografías y datos biométricos con rostros de otros integrantes.
El esquema dejó al menos cinco víctimas y deudas por alrededor de $80 millones. Entre los casos más graves figura el de Diego Pedro Brady, afectado por créditos fraudulentos por más de $35 millones, situación que derivó en embargos e inhibiciones crediticias y frenó la construcción de su vivienda. Otras víctimas enfrentaron bloqueos financieros, intimaciones judiciales y problemas para operar incluso en el exterior.
Las pruebas clave surgieron de peritajes sobre el celular de Navarro Saide, secuestrado en una causa anterior. Audios y mensajes expusieron la coordinación interna, la distribución de ganancias y los reclamos económicos de Castillo, quien exigía mayores pagos por el riesgo asumido dentro de la maniobra.
El condenado acumulaba además antecedentes por estafas, encubrimiento y uso de documentación falsa, y ya había recibido en 2025 una pena de 4 años y 6 meses por transporte de estupefacientes.
Con esta resolución ya suman seis condenados: Castillo recibió 4 años y 8 meses; Rodrigo Navarro Pozo, Marcelo Cardozo y Matías Martínez Villalba fueron sentenciados a 3 años y 10 meses; mientras que Marcos Vallejos obtuvo 3 años en suspenso. Otros seis imputados rechazaron acuerdos abreviados y enfrentarán un juicio común que definirá su nivel de responsabilidad en uno de los mayores casos recientes de fraude documental en San Juan.
