La reforma aprobada reavivó la expectativa oficial y empresaria sobre un desembarco de capitales mineros, pero los antecedentes muestran que el impacto no sería inmediato: dependerá de reglamentación, seguridad jurídica y maduración de proyectos ya en carpeta.

La aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares volvió a instalar en San Juan una expectativa concreta: que el cambio normativo destrabe inversiones mineras largamente demoradas. El ángulo central no pasa solo por la sanción legislativa, sino por cuándo podrían traducirse esas señales en obras, empleo y dólares. Los antecedentes relevados en medios sanjuaninos muestran una secuencia clara: primero hubo presión política para “aclarar” la norma; después, advertencias sobre proyectos frenados; y ahora, tras la votación en Diputados, un alineamiento explícito entre Gobierno y sector minero alrededor de una promesa de capitales que se mide en miles de millones de dólares.

El dato de mayor peso es el monto que circula desde hace meses en el discurso oficial. Ya en marzo de 2024, Marcelo Orrego sostuvo que, si avanzaban este tipo de leyes junto con incentivos como el RIGI, San Juan y la Argentina podían captar en la próxima década cerca de USD 20.000 millones. Esa cifra reapareció en la cobertura local de las últimas semanas: antes del tratamiento final en Diputados, medios sanjuaninos consignaron que Nación y las provincias mineras esperaban destrabar alrededor de USD 20.000 millones con la reforma.

Pero los antecedentes también muestran que la promesa de inversiones nunca fue presentada como de efecto instantáneo. En septiembre de 2025, desde San Juan ya reclamaban a Nación una reglamentación más precisa porque la ley vigente, según la postura provincial, abría un margen de interpretación que “paraliza los proyectos”. La idea fue reiterada en diciembre, cuando se identificaron cuatro desarrollos estratégicos condicionados por la indefinición: Pachón, Altar, Los Azules y Vicuña —este último como integración de Josemaría y Filo del Sol—. En ese momento, se advirtió que esos emprendimientos no podrían avanzar hacia su fase productiva, o en algunos casos en sus expansiones, hasta contar con una norma técnicamente más clara.

Ese punto técnico fue reforzado por funcionarios sanjuaninos durante el debate parlamentario. Orrego dijo en comisión que la reforma no buscaba eliminar la ley sino “clarificar conceptos técnicos” y reafirmar las competencias provinciales; además, insistió en que “la minería y el ambiente van de la mano”. En la misma línea, el ministro Gustavo Fernández sostuvo que “la minería no es parte del problema, es parte de la solución” y subrayó que en San Juan el sector consume “apenas el 3% del agua total de la provincia”. La construcción del relato oficial es consistente: no se presenta la reforma como una baja de estándares, sino como una condición de previsibilidad para habilitar decisiones de inversión.

Los empresarios replicaron ese argumento apenas sancionada la norma. La Cámara Minera de San Juan celebró la eliminación de “ambigüedades” y afirmó que la previsibilidad normativa es condición para impulsar proyectos de largo plazo. La CAEM, por su parte, definió la reforma como una “señal positiva” y sostuvo que la nueva redacción brinda criterios más precisos para proteger glaciares y, a la vez, delimitar áreas donde podrían desarrollarse actividades productivas bajo control ambiental. Ese respaldo sectorial no garantiza inversiones automáticas, pero sí confirma que la ley era leída por las empresas como una barrera regulatoria relevante.

En términos de calendario, los antecedentes marcan que 2026 aparece como año de definiciones más que de explotación. A comienzos de enero, se describió a Vicuña y Los Azules como los dos proyectos cupríferos más avanzados de la provincia y que ambos se preparaban para dar en 2026 pasos decisivos que podrían acercarlos a la construcción y, recién en el mediano y largo plazo, a la producción. En el caso de Los Azules, se recordó una inversión respaldada por el RIGI de USD 2.672 millones. Es decir: aun con la reforma aprobada, los plazos industriales siguen siendo largos y atados a permisos, infraestructura, financiamiento y estabilidad macroeconómica.

La expectativa económica detrás de esa apuesta ayuda a explicar la intensidad del lobby político. En el primer bimestre de 2026 la minería explicó el 92,5% de las exportaciones totales de San Juan, mientras que en febrero la provincia exportó USD 172 millones, con un crecimiento interanual del 60,5%. En una economía provincial cada vez más dependiente del complejo minero-exportador, la reforma fue leída en San Juan no solo como un cambio ambiental, sino como una pieza de política económica orientada a acelerar la segunda ola del cobre.

El escenario que se abre, sin embargo, combina oportunidad y cautela. La sanción mejora el clima político para la inversión y alinea a gobernadores, funcionarios y cámaras empresarias detrás de un mensaje de “reglas claras”. Pero los propios antecedentes relevados en la prensa sanjuanina muestran que entre una ley aprobada y una inversión efectivamente desembolsada hay varias estaciones: reglamentación, certezas técnicas, permisos ambientales, decisión corporativa y, probablemente, litigios. La señal ya está dada; la llegada de capitales, en cambio, será un proceso gradual. San Juan ganó una herramienta política. Ahora debe demostrar que puede convertirla en proyectos concretos.