La reforma que ya tiene media sanción del Senado cerró su etapa de exposición pública en Diputados, pero llega a la fase decisiva entre objeciones ambientales, presión minera y dudas sobre los votos.

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares entró en una etapa crítica. Tras las audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados, el oficialismo busca avanzar hacia el dictamen y llevar el proyecto al recinto, aunque el calendario todavía no está del todo cerrado por la puja política y las impugnaciones sobre el proceso.

La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobada el 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención. El texto redefine el alcance de las áreas protegidas y habilita una mayor intervención de las provincias en la identificación y administración de zonas periglaciares, con el argumento oficial de compatibilizar cuidado ambiental y desarrollo productivo.

El núcleo de la discusión es político, económico y ambiental. Para el Gobierno, la reforma apunta a destrabar inversiones mineras estratégicas y a devolver capacidad de decisión a las provincias cordilleranas. Para sectores científicos, ambientalistas y parte de la oposición, en cambio, el proyecto implica una reducción de los presupuestos mínimos de protección y una delegación que podría debilitar el criterio nacional sobre reservas hídricas.

Las audiencias en Diputados dejaron un saldo doble. En términos formales, la Cámara informó que hubo más de 23 horas de exposiciones, participación de las 24 jurisdicciones, 80 videos y más de 2.600 ponencias incorporadas al expediente, dando por cumplida la instancia de participación ciudadana prevista en el marco del Acuerdo de Escazú.

Pero el proceso quedó bajo fuerte cuestionamiento. Según distintas coberturas periodísticas, hubo más de 105.000 a 120.000 inscriptos, aunque solo una fracción pudo exponer en forma oral por el esquema definido por las comisiones. En la primera jornada, de 95 oradores, 84 rechazaron la reforma, equivalente a 88,42% del total. Ese recorte de participación alimentó críticas opositoras y amenazas de judicialización.

San Juan tuvo un rol activo en esa discusión. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, defendió en la audiencia la modificación de la ley y sostuvo que existe una “falsa dicotomía” entre minería y cuidado del agua. La posición provincial se alineó con el bloque de gobernadores y sectores mineros que consideran la reforma clave para ampliar el margen de desarrollo en la cordillera.

El trasfondo económico explica parte de la intensidad del debate. Informes periodísticos vinculan la reforma con proyectos mineros en carpeta por alrededor de US$ 30.000 millones, especialmente en cobre y oro, mientras otras estimaciones ubican entre los beneficiados directos o potenciales a emprendimientos de San Juan y Catamarca.

¿Y qué viene ahora? El oficialismo dejó trascender que quiere firmar dictamen y sesionar el 8 de abril, pero en paralelo aparecieron versiones sobre una postergación para sumar antes una audiencia o ronda política con gobernadores de provincias mineras. Eso abre un escenario de incertidumbre: la intención de acelerar sigue en pie, pero el tratamiento podría dilatarse si no aparecen los votos o si escala la disputa por la legitimidad del procedimiento.

Con la audiencia ya cerrada, el debate dejó de ser técnico y pasó a ser abiertamente político. Lo que se definirá en Diputados no será solo una modificación legal: también quedará fijado hasta dónde llega el equilibrio que el Congreso está dispuesto a convalidar entre protección del agua, autonomía provincial e inversión minera.