El oficialismo busca aprobar la reforma de glaciares con más de 130 votos, en medio de tensión política por el caso Adorni y la causa $LIBRA.
El Gobierno nacional intentará sancionar este miércoles en Diputados la reforma de la ley de glaciares, con un respaldo estimado de más de 130 votos, en una sesión atravesada por la presión opositora para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos patrimoniales y el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, apunta a reducir el alcance de las áreas protegidas y habilitar nuevas inversiones en zonas de potencial minero. El oficialismo confía en alcanzar la mayoría con apoyo de bloques aliados como PRO, UCR, MID y legisladores vinculados a provincias mineras.
El respaldo responde a una lógica territorial más que partidaria: gobernadores de distritos como San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza impulsan la reforma para dinamizar proyectos extractivos y atraer inversiones. Incluso dentro de la oposición, algunos diputados anticipan acompañamiento en función de los intereses regionales.
En paralelo, la oposición prepara una estrategia para incomodar al oficialismo. Busca avanzar con una interpelación a Adorni, apalancada en denuncias sobre su incremento patrimonial y el vínculo del Ejecutivo con el caso $LIBRA, investigado como presunta estafa. Sin embargo, la correlación de fuerzas limita sus posibilidades.
El núcleo del debate radica en el cambio de criterio ambiental: el proyecto propone proteger solo las geoformas periglaciales con función hídrica comprobable, reduciendo el alcance de la legislación vigente. Además, transfiere a las provincias el control sobre el inventario glaciar, actualmente en manos de un organismo científico nacional.
Organizaciones socioambientales ya anticiparon que judicializarán la norma por considerar que vulnera el principio constitucional de presupuestos mínimos de protección ambiental.
Con alta probabilidad de aprobación, el oficialismo apuesta a consolidar una señal proinversión en el sector minero. No obstante, el escenario anticipa un conflicto abierto en el plano judicial y político, que podría extender la disputa más allá del Congreso.
