La Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, dio este viernes un paso definitivo en la causa Vialidad: confirmó por mayoría el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, para cubrir los casi $685.000 millones por los que deben responder todos los condenados. La expresidenta cumple actualmente una condena de seis años de prisión domiciliaria.
La decisión la tomó la Sala IV de la Casación y ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022. En junio del año pasado, la Corte Suprema había dejado firme aquel fallo y habilitado la ejecución de las penas, pero el decomiso había quedado empantanado en una cadena de apelaciones que llegó hasta las puertas de Casación. Era lo único que restaba ejecutar.
La estrategia de las defensas había apuntado a limitar el alcance de la medida, cuestionando la inclusión de bienes sin vínculo directo con el delito. Cristina Kirchner intentó, sin éxito, poner a resguardo dos inmuebles, diez departamentos en Río Gallegos y una serie de terrenos en Lago Argentino, todas propiedades cedidas a sus hijos.
Los votos que sellaron el decomiso fueron los de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes se opusieron a los planteos de las defensas en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar. Hornos fue contundente en sus fundamentos: sostuvo que el decomiso no puede quedar en una «declaración abstracta», sino que debe traducirse en una recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito. Barroetaveña adhirió en todos sus términos.
El juez Mariano Borinsky tuvo una interpretación distinta, haciendo eco parcial del planteo de la expresidenta: sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito y propuso excluir del decomiso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner. Esa postura quedó en minoría.
Los jueces que votaron a favor del decomiso aclararon que la medida no persigue castigar a los actuales titulares de los bienes, sino recuperar para el Estado aquellos activos cuya causa jurídica está ligada al delito juzgado. En delitos de corrupción complejos, señalaron, no puede exigirse una «trazabilidad lineal» del dinero ilícito: basta con probar una vinculación económica razonable.
Si los bienes resultaran insuficientes para cubrir el monto total, la Justicia procederá contra el patrimonio de los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas José López y los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
LOS 111 INMUEBLES QUE SERÁN EJECUTADOS
El decomiso abarca un total de 111 inmuebles: 84 son de Lázaro Báez; 19 son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el complejo Hotel Los Sauces; y uno solo de la expresidenta: un terreno en El Calafate de más de 6.000 metros cuadrados.
Entre los bienes de los hijos de Cristina figuran diez unidades ubicadas en la calle Mitre al 500 de Río Gallegos, transferidas en 2007, una vivienda en 25 de Mayo al 200 de la misma ciudad, y otra en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400. También se incluyen terrenos en las inmediaciones de El Calafate adquiridos entre 2007 y 2008, y el lote donde se construyó el Hotel Los Sauces, establecimiento involucrado en otra causa judicial. Dos de esos predios miden 44.106 y 87.046 metros cuadrados respectivamente.
Del empresario Báez se ejecutarán 84 propiedades, entre las que se encuentra la Chacra 39 de Río Gallegos, donde solía reunirse con el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Ese predio incluye dos quinchos, una biblioteca y la célebre bodega de vinos que Báez mostró a los medios para desmentir las denuncias del caso conocido como «La Ruta del Dinero K». También hay casas y departamentos en Río Gallegos y El Calafate.
La decisión alcanza además a bienes de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, empresas vinculadas al direccionamiento de obra pública en Santa Cruz.
