La asociación empresaria sostuvo que existen acreencias por $9.750 millones y atribuyó cerca del 60% a obligaciones provinciales. El sector vinculó el recorte de servicios con la falta de esos fondos.
La Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) salió a desmentir la postura del Gobierno de San Juan, que había rechazado la existencia de una deuda con las empresas de colectivos. Según la entidad, el sistema acumula acreencias por $9.750.150.676, correspondientes a compensaciones tarifarias y otros conceptos pendientes.
El comunicado profundizó el conflicto por la reducción y suspensión de servicios. ATAP aseguró que aproximadamente el 60% del monto reclamado corresponde a obligaciones provinciales, mientras que el 40% restante depende de fondos nacionales.
De acuerdo con esa distribución, el reclamo dirigido a la Provincia rondaría los $5.850 millones, mientras que la Nación adeudaría cerca de $3.900 millones. Se trata de cálculos aproximados realizados sobre el total informado por las empresas.
La asociación sostuvo que el recorte de frecuencias responde “exclusivamente” al atraso en el pago de las compensaciones. También rechazó que esos recursos puedan considerarse subsidios directos a las compañías.
“El verdadero beneficiario de estas compensaciones es el pasajero, ya que permiten que la tarifa abonada sea inferior al costo real del servicio”, afirmó ATAP.
El detalle presentado por las concesionarias incluye $2.035 millones por el Boleto Escolar Único de junio, $823,8 millones por transbordos y $314,1 millones por el boleto docente del mismo mes.
También figuran pagos pendientes por convenios vinculados con los kilómetros recorridos durante abril, mayo y junio; mayores costos no reconocidos en la tarifa; publicidad y atributos sociales financiados por la Nación.
Los dos períodos pendientes por atributos sociales nacionales representan más de $3.821 millones: unos $1.885 millones de mayo y $1.935 millones de junio.
ATAP afirmó que la falta de esos recursos afecta el pago de combustible, salarios, mantenimiento y repuestos, y advirtió que resulta imposible conservar la prestación habitual sin comprometer la continuidad del sistema.
Las empresas indicaron además que vienen planteando formalmente el problema desde el 28 de mayo de 2026, mediante presentaciones administrativas y pedidos para conformar una mesa técnica con las autoridades.
El documento fue respaldado por las concesionarias Empresa Albardón, Empresa Mayo, El Triunfo, Transporte Libertador, Nuevo Sur, Valle del Sol, Vallecito, Alto de Sierra y la unión transitoria integrada por La Marina y La Positiva.
Con la presentación del monto y un anexo que discrimina cada concepto reclamado, ATAP trasladó ahora al Gobierno la responsabilidad de explicar las diferencias entre ambas posiciones. Mientras no exista un acuerdo sobre la deuda y su cancelación, la normalización de las frecuencias continuará condicionada por una disputa que tiene a los pasajeros como principales afectados.
