Gabriel Riveros Alday comenzó a ser juzgado por una denuncia de injurias impulsada por el exjefe de Policía Luis Martínez, quien sostiene que las acusaciones difundidas en redes dañaron su honor, carrera y entorno familiar.
Comenzó este jueves en Tribunales el juicio contra Gabriel Riveros Alday, conocido públicamente como el “policía tiktoker”, en el marco de una causa por injurias iniciada por el exjefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez.
El proceso judicial ingresó en su etapa oral con los alegatos de apertura y producción de pruebas, en una causa que tiene una particularidad: se trata de una acción privada, por lo que no interviene el Ministerio Público Fiscal y la acusación es sostenida directamente por la querella.
La representación de Martínez, a cargo de los abogados Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz, presentó como evidencia distintos videos, publicaciones en redes sociales y documentación administrativa vinculada al caso. Según trascendió de fuentes judiciales, la defensa de Riveros no incorporó pruebas durante esta instancia.
El conflicto se originó por una serie de publicaciones digitales en las que Riveros apuntó contra la antigua conducción policial y vinculó a Martínez con presuntos hechos de corrupción dentro de la fuerza.
La querella sostiene que esas expresiones lesionaron el prestigio profesional, el honor personal y la vida familiar del exfuncionario, quien estuvo al frente de la Policía durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.
Dentro del material incorporado al debate aparecen también actas sobre sanciones, la cesantía de Riveros y documentación relacionada con la causa por el desvío de fondos policiales que terminó con la condena del extesorero Oscar Vanetti. El planteo de la acusación busca demostrar que Martínez nunca estuvo imputado ni formalmente acusado en ese expediente, pese a haber sido mencionado reiteradamente por el influencer.
Durante una audiencia previa, Riveros había ratificado públicamente sus cuestionamientos y sostuvo que sus expresiones respondían a decisiones adoptadas durante la gestión policial. Entre sus planteos mencionó descuentos en adicionales, manejo interno de recursos y otras irregularidades que, según dijo, ocurrieron en aquellos años.
Martínez, por su parte, evitó profundizar públicamente sobre el expediente, aunque confirmó que decidió avanzar judicialmente luego de ser calificado de “corrupto” cuando ya estaba retirado de la institución.
El juicio continuará este viernes con los alegatos finales, las últimas palabras de las partes y el veredicto, en un caso que vuelve a poner bajo debate los límites entre la libertad de expresión en redes sociales, las denuncias públicas y la protección del honor en el terreno judicial.
