Las protestas contra el presidente Rodrigo Paz derivaron en graves disturbios en La Paz, con ataques a edificios públicos, saqueos y enfrentamientos con la Policía. El Gobierno acusó a Evo Morales de impulsar la desestabilización.
Bolivia atraviesa una nueva escalada de tensión política y social luego de que las manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz desembocaran en violentos incidentes en la ciudad de La Paz, con saqueos, destrozos y enfrentamientos directos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La jornada estuvo marcada por choques entre la Policía antimotines y miles de seguidores del expresidente Evo Morales, quienes intentaron avanzar hacia la plaza Murillo, núcleo político donde se encuentran la Casa de Gobierno y el Parlamento boliviano.
Durante los disturbios, grupos de manifestantes atacaron el edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), destruyeron oficinas y sustrajeron mobiliario. También se registraron daños en estaciones del sistema estatal de teleféricos que conecta La Paz con El Alto, uno de los principales medios de transporte urbano de la capital.
La estación más afectada fue una ubicada en el casco histórico paceño, donde incluso un efectivo policial resultó brutalmente golpeado. Como consecuencia, la empresa estatal Mi Teleférico suspendió temporalmente varias líneas por razones de seguridad.
Los incidentes incluyeron además la quema de un vehículo policial, fogatas callejeras y denuncias de comerciantes que aseguraron haber sufrido saqueos y destrucción de puestos de venta durante el avance de las protestas.
La crisis se profundiza en un contexto de fuerte aislamiento logístico. El departamento de La Paz permanece prácticamente incomunicado desde hace 13 días debido a bloqueos de rutas impulsados por organizaciones campesinas y sindicales, entre ellas la Federación Tupac Katari y sectores de la Central Obrera Boliviana (COB).
En paralelo, continúan los cortes parciales en regiones de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, agravando el impacto económico y el abastecimiento interno en distintas ciudades del país.
La Defensoría del Pueblo informó que entre el 12 y el 18 de mayo se registraron 15 agresiones contra periodistas y cuatro ataques a equipos de prensa durante la cobertura de las protestas, lo que elevó la preocupación por el deterioro institucional y la violencia política.
El Gobierno de Paz, que lleva apenas seis meses de gestión, responsabilizó directamente a Evo Morales por promover las movilizaciones en un intento de desestabilización y retorno al poder.
En ese contexto, el canciller argentino Pablo Quirno salió al cruce de versiones difundidas por Morales sobre supuestos vuelos militares argentinos destinados a colaborar con la represión. “Es absolutamente falso”, afirmó el funcionario, quien explicó que los aviones Hércules enviados por Argentina fueron solicitados por Bolivia exclusivamente para garantizar abastecimiento alimentario hacia La Paz ante los bloqueos.
La crisis boliviana combina conflictividad política, presión social y parálisis económica en un escenario cada vez más delicado para el gobierno de Rodrigo Paz. La continuidad de los bloqueos y la radicalización de las protestas podrían profundizar la inestabilidad institucional y aumentar el aislamiento de la capital en los próximos días.
