La audiencia en Diputados arrancó con fuertes cuestionamientos, protestas y advertencias de judicialización del proceso.

La Cámara de Diputados inició el debate por la reforma de la Ley de Glaciares en un clima de alta tensión política y social, con gritos, interrupciones y cuestionamientos al mecanismo de participación adoptado.

La audiencia pública convocó a más de 105.000 inscriptos, aunque solo 200 oradores expusieron en la primera jornada presencial, mientras que otros 200 lo harán de forma virtual, bajo un sistema mixto impulsado por el oficialismo y resistido por la oposición y sectores ambientalistas.

El formato fue uno de los principales focos de conflicto. Legisladores y organizaciones denunciaron restricciones en la participación y advirtieron que el esquema podría vulnerar normas constitucionales y acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.

Uno de los momentos más críticos se produjo durante el cruce entre la diputada Paula Penacca y el presidente de la comisión, José Peluc, en medio de reclamos por personas que quedaron fuera del recinto. La escena reflejó el nivel de malestar que atravesó toda la jornada.

En paralelo, el debate de fondo también mostró posiciones enfrentadas. Mientras sectores ambientalistas cuestionaron la reforma con consignas como “fuera la minería”, desde provincias mineras defendieron el proyecto como clave para el desarrollo.

En ese sentido, el ministro sanjuanino Gustavo Fernández sostuvo que existe una “falsa dicotomía entre minería y cuidado del agua” y remarcó que la actividad representa una porción mínima del consumo hídrico, defendiendo su impacto económico.

El inicio del debate también quedó atravesado por una ofensiva política de la oposición, que anticipó posibles impugnaciones judiciales si el proyecto avanza bajo el actual esquema.

El oficialismo, en tanto, se respalda en un fallo que permitió continuar con la audiencia, aunque sin resolver el fondo de los cuestionamientos.

El tratamiento de la Ley de Glaciares se perfila así como uno de los debates más sensibles del año. La combinación de conflicto político, presión social y posible judicialización anticipa un proceso legislativo complejo, con impacto directo en el modelo productivo y ambiental del país.