El proceso quedó en pausa hasta resolver una denuncia por un presunto “pacto de impunidad”.

El juicio contra el intendente de Angaco, José Castro, fue suspendido por decisión del tribunal hasta que se resuelva una denuncia penal paralela que cuestiona la legalidad de un acuerdo firmado con concejales para evitar el proceso.

La causa principal investiga al jefe comunal por malversación de caudales públicos, fraude e incumplimiento de deberes, vinculados al presunto uso de recursos municipales en un predio privado en 2019.

Sin embargo, el eje de la suspensión radica en otro expediente: una denuncia impulsada por la fiscal Silvina Gerarduzzi, que apunta a un convenio mediante el cual Castro fue autorizado a pagar $5 millones como reparación, con el objetivo de extinguir la acción penal.

Para el Ministerio Público, ese acuerdo podría constituir delitos como negociaciones incompatibles, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes, al considerar que los funcionarios involucrados se atribuyeron facultades judiciales.

El tribunal de juicio resolvió que no puede avanzar en el debate mientras esté en duda la validez de ese convenio, por lo que ordenó frenar el proceso hasta que se defina la situación en el fuero penal.

Desde la defensa, en tanto, sostienen que se trata de un conflicto de carácter administrativo y político, y denunciaron una presunta “persecución”, buscando trasladar el caso fuera del ámbito penal.

La causa expone un escenario de alta tensión institucional, donde se cruzan decisiones políticas, responsabilidades penales y cuestionamientos sobre el uso de mecanismos alternativos para evitar juicios.

La definición de este nuevo frente judicial será clave: no solo determinará si el intendente enfrenta finalmente el juicio, sino que también sentará precedentes sobre los límites legales de acuerdos políticos en causas penales.