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LA JUSTICIA AVALA QUE SIGA DEMANDA CONTRA EL BANCO SAN JUAN

LA JUSTICIA AVALA QUE SIGA DEMANDA CONTRA EL BANCO SAN JUAN

La Justicia rechazó un planteo clave y habilitó una causa por cobros indebidos a clientes, incluidos jubilados.

La jueza Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo, rechazó un intento del Banco San Juan de frenar una demanda colectiva por el cobro de seguros no solicitados, y permitió que el proceso avance hacia una posible sanción millonaria.

La entidad financiera había planteado que la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) no tenía legitimación para iniciar la acción, en un intento por dejar sin efecto el juicio. Sin embargo, la magistrada consideró que la organización sí está habilitada para representar a los damnificados.

La causa apunta a una presunta práctica sistemática: el descuento de seguros no autorizados en cuentas bancarias, incluyendo casos de jubilados, sin entrega de pólizas ni consentimiento claro de los clientes.

El reclamo incluye el cese inmediato de los cobros, la devolución de los montos debitados con intereses y la aplicación de una multa por daño punitivo que asciende a unos $2.300 millones, a distribuir entre los afectados.

En su resolución, Tettamanti destacó que existen elementos suficientes para considerar que hay un grupo de usuarios potencialmente perjudicados y que restringir la acción colectiva implicaría limitar el acceso a la justicia en materia de consumo.

El fallo también rechazó otros planteos del banco, como la prescripción de la causa y la inconstitucionalidad de normas vinculadas al cálculo de intereses, lo que fortalece la continuidad del proceso judicial.

El caso se inscribe en una serie de denuncias que, en los últimos años, han puesto en foco prácticas bancarias cuestionadas, especialmente sobre descuentos automáticos en cuentas sueldo y jubilaciones, un segmento particularmente vulnerable.

Con este avance, la causa entra en una etapa clave: de comprobarse la práctica denunciada, podría derivar en una de las sanciones económicas más relevantes contra una entidad financiera en la provincia, con impacto directo en el sistema bancario y en la protección de los usuarios.