El debate en Diputados entra en su tramo final con críticas por restricciones y advertencias de judicialización.

La Cámara de Diputados desarrolló el segundo día de audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, en un clima de fuerte tensión política, cuestionamientos al procedimiento y advertencias de una posible judicialización del proyecto.

La jornada se realizó de manera virtual desde las 10 horas y forma parte de la etapa final del debate previo al dictamen, que el oficialismo busca firmar el 31 de marzo para llevar la iniciativa al recinto el 8 de abril.

El proceso ya arrastraba polémica desde la primera audiencia, donde más de 200 expositores participaron entre reclamos por limitaciones en el acceso y reducción del tiempo de intervención. Además, se registraron denuncias por la exclusión de miles de inscriptos: se anotaron más de 100.000 personas, pero solo una fracción pudo exponer.

Las críticas se profundizaron en esta segunda instancia. Sectores opositores y organizaciones ambientales cuestionaron la falta de transparencia y restricciones en la participación, mientras que algunos anticiparon presentaciones judiciales para frenar el avance del proyecto.

En términos de contenido, el debate expone una fuerte división. Por un lado, referentes ambientalistas y académicos advierten que la reforma podría reducir áreas protegidas y debilitar la ley vigente, sancionada en 2010 para preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua.

Del otro lado, sectores vinculados a la actividad minera —con fuerte presencia de representantes de San Juan— defienden los cambios como una herramienta para dar mayor previsibilidad y desarrollo productivo, en un contexto donde la minería es clave para economías regionales.

El trasfondo es estratégico: la ley regula actividades en zonas sensibles para el recurso hídrico, pero también impacta directamente en proyectos mineros de alto valor económico.

Con el cronograma legislativo en marcha, el debate entra en una fase decisiva. Si el oficialismo logra avanzar sin modificaciones, el escenario se trasladará a la Justicia, donde distintos sectores ya anticipan una disputa que podría redefinir el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental en Argentina.