Funcionarios provinciales aseguraron que la empresa tiene habilitación vigente y apuntaron a aclarar el marco legal tras el incendio.
El Gobierno de San Juan salió a desmentir públicamente al municipio de Chimbas y aseguró que la empresa ECO San Juan cuenta con autorización ambiental vigente, en medio de la polémica por el incendio ocurrido en el parque industrial.
Durante el programa De Sobremesa, el secretario de Ambiente, Federico Ríos, fue contundente: “El certificado ambiental anual está vigente”, y explicó que se trata del principal instrumento de habilitación y control que aplica la provincia sobre este tipo de operadores.
La aclaración responde a un comunicado municipal de Chimbas que ponía en duda la situación legal de la firma. Desde Ambiente precisaron que el sistema vigente no se basa en declaraciones de impacto ambiental tradicionales, sino en un certificado ambiental anual, establecido tras la adhesión a la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos.
En ese marco, el subsecretario de Residuos, Santiago Ceballos, detalló que el certificado vence en julio y que la empresa es sometida a controles periódicos e inspecciones mensuales, junto con la verificación de condiciones como planes de contingencia y habilitación de bomberos.
Sobre el incendio, los funcionarios explicaron que se originó en un sector de acopio de residuos peligrosos, principalmente materiales contaminados con hidrocarburos. A pesar del impacto visual, aseguraron que no se registraron personas intoxicadas, ni entre trabajadores ni en la comunidad.
También destacaron que la empresa había retirado previamente más de 465 toneladas de cenizas acumuladas, lo que, según indicaron, contribuyó a reducir la gravedad del siniestro.
Más allá del episodio, los funcionarios abrieron un debate de fondo: la convivencia entre industrias y zonas urbanizadas. Reconocieron que el parque industrial quedó rodeado de barrios y plantearon la necesidad de una planificación territorial a largo plazo, especialmente ante el crecimiento proyectado de la minería en la provincia.
En paralelo, la investigación judicial avanza para determinar el origen del incendio. Desde Ambiente advirtieron que, en caso de detectarse negligencia, se aplicarán sanciones conforme a la normativa vigente.
El cruce institucional deja expuesta una tensión entre niveles de gobierno y abre un debate más amplio sobre controles ambientales, ordenamiento urbano y el impacto del desarrollo industrial en áreas habitadas.
