La empleada de una financiera del centro sanjuanino fue imputada por tres fraudes, aunque la Justicia investiga al menos otras seis denuncias por maniobras similares contra clientes.

La Justicia sanjuanina ordenó 30 días de prisión preventiva para Marianela Tamara Romero, la empleada de una casa de préstamos del microcentro acusada de realizar estafas a clientes mediante el uso indebido de datos bancarios y tarjetas de débito.

La mujer fue imputada por tres hechos de defraudación mediante uso no autorizado de datos, aunque la investigación ya acumula otras seis denuncias por maniobras similares que podrían ampliar la acusación en su contra.

La causa es investigada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Pablo Martín, junto al ayudante fiscal Francisco Rodríguez y la auxiliar Candelaria Terusi. La audiencia fue presidida por el juez de garantías Federico Rodríguez.

Según la investigación, Romero trabajaba en la firma CC Créditos, que posee locales sobre avenida Libertador, Peatonal Rivadavia y Villa Krause. Allí ofrecían préstamos “a sola firma” y solicitaban a los clientes DNI, número de cuenta bancaria y fotocopias de las tarjetas de débito.

La maniobra consistía en acreditar el préstamo y luego utilizar los datos bancarios de las víctimas para realizar compras o pagos desde sus cuentas sin autorización.

Uno de los casos corresponde a una jubilada de apellido Hernández, quien obtuvo un préstamo de $400.000 y minutos después detectó consumos por más de $220.000. Parte de las compras fueron enviadas al domicilio de la imputada.

Una situación similar sufrió una mujer de apellido Cortez. Tras recibir otro crédito de $400.000, le descontaron más de $220.000 mediante el pago de una deuda de OSSE vinculada al comercio de la pareja de Romero.

El tercer hecho investigado involucra a una anciana que pidió un préstamo de $300.000 y luego detectó compras de cosméticos y accesorios de belleza realizadas desde su cuenta.

Para la fiscalía, existen elementos que comprometen seriamente a la acusada. Entre ellos, el rastreo de compras, pagos y envíos asociados directamente a Romero. Además, durante el procedimiento la mujer habría entregado un domicilio falso y ocultado su iPhone dentro del local comercial, conducta que fue interpretada como un posible intento de entorpecer la investigación.

La defensa, encabezada por Yesica Cortez Gómez, se opuso a la prisión preventiva y planteó la posibilidad de reparar económicamente a las víctimas, aunque Romero optó por no declarar durante la audiencia.

El juez resolvió abrir la investigación penal preparatoria por el plazo de un año y autorizó pericias sobre el teléfono secuestrado. La causa ahora podría escalar si se confirman las restantes denuncias, en un contexto donde las estafas vinculadas al uso indebido de datos bancarios muestran un crecimiento sostenido en San Juan.