Los juzgados comerciales reciben hasta 50 pedidos semanales para retirar vehículos por falta de pago. El aumento refleja el impacto de la crisis económica sobre quienes financiaron autos con créditos o planes de ahorro.

La crisis económica comienza a tener un efecto directo en los tribunales de San Juan. En el Juzgado Comercial Especial, a cargo del juez Javier Vázquez, ingresan actualmente entre 40 y 50 pedidos de secuestro prendario de vehículos por semana, casi el doble de los registros de meses anteriores, cuando los expedientes rondaban los 20 casos semanales.

El incremento responde principalmente a personas que no pueden sostener las cuotas de planes de ahorro o créditos prendarios, mecanismos de financiación en los que el automóvil queda como garantía del pago.

Cómo funciona el proceso judicial

Cuando el titular del crédito incumple el contrato de pago, la entidad financiera o el banco presenta un pedido judicial para secuestrar el vehículo.

Una vez que el juzgado autoriza el procedimiento, la entidad acreedora queda habilitada para localizar, retirar y trasladar la unidad, paso previo a su subasta pública.

En esa instancia, el vehículo se vende para intentar cubrir la deuda generada por el incumplimiento del contrato.

Deuda que continúa

El problema para muchos deudores no termina con la pérdida del auto. Si el monto obtenido en la subasta no alcanza a cubrir la totalidad de la deuda, el titular del crédito sigue siendo deudor ante la entidad financiera.

Esto significa que, aun sin el vehículo, la persona puede continuar con obligaciones pendientes de pago.

Impacto de la crisis

El aumento de secuestros prendarios comenzó a notarse hace poco más de un año, coincidiendo con el deterioro del poder adquisitivo y el encarecimiento de las cuotas de financiación.

Los planes de ahorro y los créditos prendarios, que durante años funcionaron como una de las principales vías para acceder a un vehículo, hoy se transforman en uno de los compromisos más difíciles de sostener para muchas familias.

En los tribunales advierten que la tendencia no muestra señales de desaceleración. Si el escenario económico se mantiene, los especialistas anticipan que los pedidos de secuestro podrían seguir creciendo durante los próximos meses, consolidándose como uno de los indicadores judiciales más claros del impacto de la crisis en la economía doméstica.