La Fiscalía de Estado comenzó a reunir documentación histórica, técnica y jurídica para responder si la provincia vecina avanza con una presentación ante la Corte Suprema. Sostienen que los límites actuales están respaldados por una ley nacional vigente.

El Gobierno de San Juan ya trabaja en la estrategia legal que desplegará si La Rioja concreta su intención de llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el diferendo por los límites entre ambas provincias. Aunque hasta el momento no existe una demanda formal, desde la Fiscalía de Estado aseguraron que comenzaron a recopilar la información necesaria para defender la posición sanjuanina.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, señaló que la provincia permanece atenta a los pasos que pueda dar el gobierno riojano y explicó que el equipo de asesores analiza antecedentes históricos, documentación cartográfica y normativa vigente con el objetivo de respaldar la jurisdicción de San Juan en caso de que el conflicto llegue al máximo tribunal.

El funcionario sostuvo que la posición provincial se fundamenta en la Ley Nacional 18.004, norma que estableció los límites interprovinciales y cuya validez fue posteriormente confirmada por el Congreso de la Nación. En ese marco, afirmó que la delimitación territorial fue el resultado de estudios técnicos realizados por profesionales especializados y no de decisiones discrecionales.

Dávila también manifestó que, desde la perspectiva de San Juan, no existen fundamentos jurídicos ni antecedentes institucionales que avalen el reclamo impulsado por La Rioja. Asimismo, adelantó que, de iniciarse el proceso judicial, la defensa será llevada adelante por un equipo interdisciplinario de abogados con experiencia en litigios de alta complejidad.

El conflicto volvió a cobrar fuerza luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promulgara una ley provincial que ratifica el reclamo sobre un área de aproximadamente 2.651 kilómetros cuadrados situada en el departamento Iglesia. La norma también instruye avanzar con una demanda ante la Corte Suprema para intentar modificar la legislación nacional que fijó los límites vigentes.

La región en discusión posee un importante valor estratégico debido a su riqueza minera, su potencial para el desarrollo turístico y su cercanía con el área de Ischigualasto, factores que han incrementado el interés de ambas provincias sobre ese territorio.