Un menor de 15 años se convierte en el primer imputado bajo el marco normativo recién sancionado, tras una denuncia por ultraje efectuada el fin de semana. El Ministerio Público analiza los pasos probatorios a seguir mientras el Poder Legislativo local termina de moldear la estructura procesal.

La administración de justicia en la provincia de San Juan ha dado inicio formal a la aplicación del actualizado esquema de responsabilidad penal para menores. Esta transición institucional cobró forma a partir del inicio de un sumario de instrucción contra un joven de 15 años, acusado de atentar contra la integridad sexual de una chica. La presentación formal se concretó durante la jornada dominical ante la ANIVI (Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos), marcando así el debut operativo del fuero adaptado a las pautas impuestas a nivel federal mediante la Ley 27.801.

La fiscal interviniente en la causa de la Niñez y Adolescencia, María Paula Carena, explicó que se encuentra examinando los elementos preliminares con el fin de determinar el requerimiento de instrucción. De convalidarse el avance de la acción penal, la representante del Ministerio Público requerirá las diligencias probatorias pertinentes al magistrado del fuero ordinario, quien dirimirá su viabilidad. Este trámite deja atrás el marco derogado de la Ley 22.278, cuya vigencia feneció a inicios del corriente mes ofreciendo mecanismos sustancialmente más laxos para imputados no punibles.

De acuerdo con lo expresado por la Fiscal, esta reducción en el umbral de imputabilidad que descendió del piso de los 16 hasta los 14 años, generará un importante crecimiento en el flujo de carpetas judiciales. El motivo principal radica en que el tramo etario incorporado concentraba históricamente un volumen sustancial de contravenciones y faltas graves que anteriormente no derivaban en instancias de juzgamiento punitivo.

Paralelamente, la provincia transita la instancia de adecuación procesal. En la Legislatura local se debate una propuesta regulatoria impulsada por la Corte de Justicia que procura dotar al fuero especializado de herramientas de resolución alternativa. El texto en análisis prioriza vías como la conciliación para ilícitos de carácter patrimonial no violentos, la reparación económica o simbólica del daño y la suspensión del procedimiento a prueba. Asimismo, establece límites estrictos para dichos beneficios en casos de imputaciones gravísimas, entre las que se ubican los delitos contra la integridad sexual y la vida y contempla el juicio abreviado únicamente si existe plena coincidencia entre la acusación fiscal, la defensa técnica y el Asesor de Menores, fijando como tope que la pena dictada no pueda exceder lo solicitado por el acusador público.

¿QUÉ SE INVESTIGA COMO PRIMER CASO?

La Fiscal Carena confirmó que se trata de una denuncia radicada este domingo por la mañana en ANIVI contra un menor de 15 años, quien habría agredido sexualmente a una menor.

La denuncia actualmente es analizada por fiscalía para tomar las primeras medidas de requerimiento de instrucción, si es que así lo considera necesario. En tal sentido, Carena manifestó que de ser afirmativo, enviará las medidas probatorias al juez de la causa y será la máxima autoridad quien finalmente les de curso o no.

En tanto, la fiscal manifestó que esta denuncia entraría en el marco de la Ley 27.801, y no la 22.278 que regía hasta el pasado 4 de setiembre y que tenía penas para los menores encontrados culpables mucho más benébolas. A su vez, Carena remarcó que la investigación y el curso de la misma se enmarca dentro del sistema mixto judicial.