La canasta de luz, gas, agua y transporte del AMBA aumentó 944% desde diciembre de 2023, frente a cerca de 249% del nivel general de precios. La reducción de subsidios y la recomposición tarifaria cambiaron la estructura de gastos de los hogares y obligan a destinar una porción cada vez mayor de los ingresos a cubrir prestaciones básicas.

Los servicios públicos se convirtieron en uno de los gastos que más presión ejercen sobre el bolsillo de las familias argentinas. Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, la canasta integrada por electricidad, gas, agua y transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumuló un incremento de 944%, mientras que el nivel general de precios avanzó alrededor de 249% en el mismo período.

La diferencia implica que el gasto calculado para esos servicios creció a un ritmo cercano a cuatro veces el de la inflación general, de acuerdo con los datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet.

La brecha no corresponde únicamente al fuerte ajuste aplicado durante 2024. También se observa durante este año: entre enero y agosto de 2026, la canasta de servicios acumuló una suba del 57,9%, frente a una inflación del 21,7%.

El fenómeno tiene una explicación central: durante los últimos años el Gobierno avanzó con una recomposición de los precios relativos, redujo subsidios y trasladó progresivamente una proporción mayor del costo de los servicios hacia los usuarios. El objetivo fue achicar la diferencia entre el valor pagado en las facturas y el costo efectivo de producir o prestar esos servicios.

El impacto fue diferente según cada rubro. Desde diciembre de 2023 hasta agosto pasado, el gasto estimado en gas aumentó 2.071%, mientras que el correspondiente al transporte avanzó 1.442%. El agua registró una suba del 544% y la electricidad, del 501%.

Los porcentajes requieren una precisión: no representan necesariamente cuánto aumentó una factura individual. El cálculo del IIEP mide el gasto de un hogar representativo sobre consumos de referencia y contempla, entre otros factores, la estacionalidad. Por eso, durante los meses de invierno puede aumentar fuertemente el gasto en gas o electricidad aunque el porcentaje de actualización tarifaria mensual sea considerablemente menor.

La consecuencia más directa aparece en el presupuesto familiar. En agosto, un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó $289.622 mensuales para cubrir electricidad, gas, agua y transporte. El monto fue 54% superior al de agosto de 2025, mientras que la inflación interanual estimada para ese período rondó el 34%.

Un mes antes, en julio, la misma canasta había llegado a $295.826. El transporte representaba entonces el mayor gasto, con $121.023 mensuales, seguido por electricidad, con $68.210; gas, con $64.862; y agua, con $41.724.

El peso sobre los ingresos también creció. Según el IIEP, en agosto la canasta de servicios equivalía al 15% de un salario promedio registrado estimado en $1.993.280. Un año antes, ese ingreso alcanzaba para pagar 8,1 canastas de servicios; ahora permite cubrir 6,9.

La incidencia resulta todavía mayor entre los sectores de menores ingresos. Un relevamiento difundido a mediados de año mostró que esos hogares llegaban a destinar alrededor del 22% de su presupuesto al pago de electricidad, gas, agua y transporte, aproximadamente cuatro veces la proporción registrada al comienzo de la actual gestión nacional.

La contracara de la recomposición es la reducción de subsidios. A pesar de los aumentos, las familias todavía no pagan el costo completo de los servicios. En promedio, las tarifas abonadas por los hogares del AMBA cubren alrededor del 55% del costo, mientras que el Estado absorbe el 45% restante. En electricidad, los usuarios residenciales cubren aproximadamente el 63% y en gas, cerca del 60% del costo de abastecimiento.

La evolución tampoco fue uniforme. Durante 2025 la velocidad de recomposición se moderó respecto de 2024. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la canasta había acumulado un incremento del 561%, frente a una inflación del 185%. Durante 2026, la brecha volvió a ampliarse.

Para septiembre, sin embargo, el Gobierno decidió cambiar temporalmente esa dinámica. Las facturas de electricidad en el AMBA tienen una actualización promedio del 1,75% y el gas natural, de alcance nacional, del 1,40%, porcentajes inferiores al 2,1% de inflación registrado en julio. El agua de AySA aumenta 2,37%. La decisión busca evitar que los precios regulados agreguen presión al índice inflacionario.

Esto significa que el hecho de que los servicios hayan crecido muy por encima del IPC es principalmente un fenómeno acumulado, y no que cada aumento mensual supere necesariamente la inflación.

Para las familias, el cambio es estructural. La desaceleración del IPC puede reducir el ritmo al que suben alimentos, indumentaria u otros consumos, pero no revierte el salto ya producido en los precios relativos de los servicios. Una proporción mayor de los ingresos queda comprometida cada mes en gastos difíciles de eliminar —luz, gas, agua y transporte—, reduciendo el dinero disponible para alimentos, salud, educación, vestimenta, ahorro y consumo.

El desafío hacia adelante será determinar cuánto resta todavía de la recomposición tarifaria. Aunque los usuarios comenzaron a afrontar una proporción considerablemente mayor de los costos, el Estado continúa subsidiando una parte relevante. Esa tensión anticipa que las tarifas seguirán siendo uno de los componentes centrales del presupuesto de los hogares y también de la política económica.