La Justicia ordenó nuevamente la prisión preventiva para los acusados de la presunta estafa tras el incumplimiento del pago acordado con más de 300 damnificados.

Los imputados en la causa por la presunta estafa de la concesionaria Branka Motors regresaron al Servicio Penitenciario luego de que la Justicia revocara el acuerdo de reparación integral alcanzado con las víctimas, tras comprobarse el incumplimiento de la primera cuota pactada.

La decisión fue confirmada por el fiscal Guillermo Heredia, quien sostuvo que el Ministerio Público Fiscal solicitó la revisión del acuerdo homologado el pasado 13 de abril luego de constatar que los acusados no realizaron el pago comprometido.

Según explicó el funcionario judicial, la Oficina de Medidas Alternativas informó que, vencido el plazo establecido, no existió cumplimiento alguno y posteriormente se evidenció “una conducta reticente” y una “voluntad expresa” de no avanzar con la reparación económica ofrecida.

Frente a este escenario, la Fiscalía pidió la revocación del beneficio y el restablecimiento de la prisión preventiva. La jueza de Garantías hizo lugar al planteo y ordenó que los acusados vuelvan al penal por un plazo de cinco meses.

“El acuerdo de reparación integral ha sido revocado y los imputados han vuelto al Servicio Penitenciario porque se acreditaron los riesgos procesales”, afirmó Heredia.

El fiscal además descartó cualquier posibilidad de un nuevo entendimiento entre las partes. “Vamos a rechazar cualquier nueva propuesta atento a la reticencia absoluta de los imputados de lograr una reparación”, aseguró.

La causa involucra a 356 hechos denunciados vinculados a una presunta maniobra de estafas con operaciones comerciales de motocicletas, una cifra que podría agravar considerablemente la escala penal en caso de una futura condena.

Heredia recordó que el delito investigado prevé penas de entre un mes y seis años de prisión, aunque aclaró que la multiplicidad de hechos denunciados podría modificar sustancialmente el escenario judicial de los acusados.

Respecto de los bienes ofrecidos como garantía, la Fiscalía indicó que ya pesan embargos preventivos sobre los inmuebles presentados por los imputados. Sin embargo, el pedido para avanzar con la ejecución y liquidación de esos bienes fue rechazado por la jueza y permanece bajo análisis.

El caso Branka Motors se transformó en una de las investigaciones por presuntas estafas más sensibles de los últimos años en San Juan, tanto por la cantidad de damnificados como por el impacto económico generado sobre cientos de familias.

Con el acuerdo definitivamente caído y la prisión preventiva nuevamente vigente, la Fiscalía anticipa ahora una etapa centrada en profundizar la investigación y avanzar hacia el cierre de la instrucción penal.