Quince universidades avalaron la iniciativa de la Corte para transparentar la selección de jueces y destacaron el rol de la formación académica.

Un grupo de rectores de 15 universidades argentinas expresó su respaldo al proyecto impulsado por la Corte Suprema para reformar el sistema de selección de magistrados, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y fortalecer la transparencia en los concursos públicos.

El apoyo quedó formalizado en un comunicado donde las autoridades académicas destacaron que la propuesta coloca “en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua” como condiciones esenciales para acceder a la magistratura.

Entre las firmas se destaca la de María Laura Simonassi, rectora de la Universidad Católica de Cuyo (San Juan), junto a José Luis Ghioldi (Universidad de Belgrano), Paulo Falcón (Universidad CAECE), Carlos I. Salvadores de Arzuaga (Universidad del Salvador), Andrés Aguerre SJ (Universidad Católica de Córdoba), Rita Gajate (Universidad Católica de La Plata), Juan Carlos Mena (Universidad FASTA), Norberto Porto Lema (Universidad de Morón), Eduardo Sisco (Universidad Museo Social), Ricardo Popovsky (Universidad de Palermo), Gastón O’Donnell (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales), Federico Fanjul (Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán), Martín De Palma (Universidad Católica de Santa Fe), Héctor Sauret (Universidad de Concepción del Uruguay) y Tomás Guillermo Rueda (Universidad Blas Pascal).

La iniciativa, denominada “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”, fue presentada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y aprobada mediante la acordada 4/2026. El texto apunta a limitar la influencia de factores políticos en la designación de jueces y priorizar méritos académicos, éticos y profesionales.

En el documento, los rectores advirtieron que “la calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran”, por lo que consideraron imprescindible establecer reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles.

Asimismo, instaron a las autoridades a otorgar “un pronto tratamiento” al proyecto y remarcaron que su aprobación integral permitirá evitar “soluciones fragmentarias que debiliten su alcance”.

El debate se inscribe en un escenario político complejo: la implementación del reglamento deberá pasar por el Consejo de la Magistratura, donde se anticipa una discusión intensa y con alineamientos partidarios definidos, lo que podría demorar o modificar la iniciativa.

Para el ámbito universitario, sin embargo, el proyecto representa “un paso concreto en el camino de afianzar la justicia” y mejorar la confianza pública en el Poder Judicial.

El respaldo académico agrega presión institucional a una reforma que, de avanzar, podría redefinir los criterios de acceso a la magistratura y marcar un cambio estructural en el sistema judicial argentino.