Una jueza ordenó suspender por 30 días el emprendimiento minero tras un pedido del Gobierno de La Rioja por falta de estudio ambiental. Desde la empresa dieron a conocer que la actividad no está paralizada.
La Justicia de La Rioja ordenó suspender por 30 días las actividades del proyecto minero Vicuña S.A., tras un planteo del Gobierno provincial que denunció la falta de evaluación de impacto ambiental. La medida también incluye el bloqueo de un camino estratégico utilizado por la empresa para su operación.
El fallo fue dictado por la jueza María Greta Decker, quien hizo lugar a una medida autosatisfactiva impulsada por la Fiscalía de Estado riojana. La resolución ordena además impedir el tránsito por el acceso de Guandacol, clave para la logística del emprendimiento.
Desde el Ejecutivo riojano, el secretario de Ambiente, Santiago Azulay, sostuvo que la empresa no respondió de manera adecuada a los requerimientos administrativos. Según el planteo oficial, el proyecto —ubicado principalmente en San Juan— genera impactos directos en territorio riojano sin cumplir con las exigencias locales.
El conflicto se centra en el uso de más de 140 kilómetros de caminos riojanos, incluso atravesando áreas sensibles como reservas provinciales, lo que podría provocar efectos ambientales por tránsito pesado, polvo y ruido en localidades como Guandacol, Villa Unión, Jagüé y Zapata.
El emprendimiento Vicuña, resultado de la integración de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, representa una inversión estimada en USD 16.000 millones, una de las más relevantes del sector minero argentino. Este dato introduce una dimensión económica y política al conflicto, al enfrentar intereses de desarrollo productivo con reclamos ambientales interprovinciales.
Desde la empresa, en tanto, señalaron que el proyecto “no está detenido” y afirmaron no haber sido formalmente notificados de la resolución judicial, aunque confirmaron que la Policía riojana impide actualmente el acceso al camino. Pero que, de todos modos, hay otro camino, por el Corredor Norte, en suelo sanjuanino, por el que se puede llegar al proyecto. Otro cuestionamiento es si una jueza riojana puede paralizar un proyecto que está en San Juan.
La resolución fija un plazo de 30 días para que la compañía presente el estudio de impacto ambiental. De cumplir, la suspensión podría levantarse; de lo contrario, el conflicto podría escalar a instancias judiciales superiores, profundizando la tensión entre provincias y reabriendo el debate sobre los controles ambientales en megaproyectos mineros.
