Tras la inspección ocular en el Acueducto Gran Tulum, la Fiscalía analiza solicitar documentación a las empresas proveedoras y pedir una prórroga de 90 días para profundizar la investigación por presuntas irregularidades en la obra.
La investigación judicial por el denominado “Acueductogate” sumó un nuevo capítulo tras la inspección ocular realizada por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez en distintos tramos del Acueducto Gran Tulum, una de las obras de infraestructura más importantes de San Juan.
El operativo se realizó en el ramal principal que conecta el dique Punta Negra con la planta potabilizadora de Marquesado, con el objetivo de verificar en terreno la ubicación de las tuberías y contrastar los trabajos ejecutados con los planos originales.
Con los primeros resultados en análisis, la Fiscalía evalúa ahora solicitar documentación a las empresas privadas que participaron en la obra, ya que hasta el momento la mayor parte de la prueba documental fue aportada por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
Una investigación que podría extenderse
El expediente judicial ya incluye el análisis de más de 90 cajas de documentos remitidos por OSSE, que están siendo revisados por fiscales junto a ingenieros y especialistas técnicos.
Debido a la complejidad de la causa, no se descarta que el Ministerio Público solicite una prórroga de 90 días hábiles para continuar con la investigación, además de los 90 días iniciales.
La causa se originó tras una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, que apunta a presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de la obra.
Entre los delitos que se investigan figuran malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, tráfico de influencias y defraudación al Estado.
El foco en la provisión de los caños
Las sospechas se concentran principalmente en el proceso de licitación para la provisión de tuberías del acueducto.
La empresa adjudicataria fue Krah América Latina S.A., firma que estaba vinculada a Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac.
En el marco de la investigación se analizan dos contratos de provisión de cañerías:
- 13 kilómetros de tuberías adjudicados en 2015 por $61.235.936.
- 56,7 kilómetros adjudicados en 2016 por $1.398.126.851, una cifra $74 millones por encima del presupuesto oficial.
Antes de la adjudicación, la empresa competidora General Plastics había advertido a OSSE sobre el carácter experimental de las tuberías, según consta en documentación que ahora analiza la Fiscalía.
Una obra estratégica bajo la lupa
El Acueducto Gran Tulum fue concebido como una infraestructura clave para garantizar el suministro de agua al San Juan del millón de habitantes.
Sin embargo, la obra permanece paralizada por objeciones técnicas que todavía no han sido resueltas.
A pesar de ello, la Provincia comenzó a pagar el crédito internacional que financió el proyecto, estimado en unos USD 100 millones, según información oficial del Ministerio de Hacienda.
Próximos pasos de la causa
Tras la inspección en el terreno, los fiscales esperan ahora completar el análisis técnico de la obra y ampliar la recolección de pruebas.
Entre las medidas que podrían adoptarse en las próximas semanas figuran requerimientos formales de documentación a las empresas involucradas e incluso posibles allanamientos.
Con una obra millonaria inconclusa y bajo sospecha, la causa judicial avanza hacia una etapa clave que podría determinar responsabilidades administrativas y penales en uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de la provincia.
