La inscripción para participar del debate por la reforma de la ley de glaciares superó las 30.000 personas, lo que obligó al Congreso a evaluar un sistema mixto con exposiciones presenciales, virtuales y por video.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación enfrenta un escenario inesperado: la inscripción para participar de las audiencias públicas colapsó el sistema y ya acumula cerca de 30.000 personas registradas.
Ante ese volumen de interesados, el oficialismo analiza alternativas para garantizar la participación ciudadana sin alterar el cronograma previsto para las audiencias, convocadas para el 25 y 26 de marzo.
Entre las opciones que evalúa el bloque de La Libertad Avanza se encuentra habilitar la presentación de exposiciones por video o documentos escritos, además de las intervenciones presenciales.
Audiencias con cupos limitados
El esquema en análisis contempla que solo una parte de los inscriptos pueda exponer de manera presencial en el Congreso, mientras que el resto participaría mediante material audiovisual o presentaciones escritas enviadas por correo electrónico.
La organización de las audiencias está a cargo de los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, responsables de dictaminar sobre el proyecto.
Según el cronograma oficial, el 25 de marzo se realizarán las exposiciones presenciales, mientras que el 26 de marzo el debate continuará en modalidad virtual.
Un debate que desbordó las previsiones
Fuentes parlamentarias indicaron que no está previsto sumar más jornadas de audiencia, ya que el número de inscriptos es tan alto que extender el calendario no resolvería el problema.
En sectores del oficialismo incluso deslizan que parte de la masiva inscripción podría responder a una estrategia de saturación del sistema, en medio de la fuerte polémica que rodea al proyecto.
El registro de participantes continuará abierto hasta el 20 de marzo, por lo que el número final de inscriptos podría ser aún mayor.
Reclamos de la oposición
Desde la oposición ya comenzaron a exigir garantías para que la participación ciudadana sea efectiva.
Los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán solicitaron formalmente que se respete el derecho de los inscriptos a intervenir en el debate.
La realización de audiencias públicas es un requisito previsto por la legislación ambiental argentina y también por el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por el Congreso en 2020.
Una reforma con fuerte impacto ambiental y económico
El proyecto en discusión propone modificar la ley sancionada en 2010, que protege a los glaciares y las zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua.
Entre los cambios en análisis figura otorgar mayor autonomía a las provincias para definir el uso de esas áreas, un punto impulsado especialmente por distritos con actividad minera.
El Gobierno sostiene que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, mientras que sectores ambientalistas advierten que podría abrir la puerta a nuevas explotaciones en zonas sensibles.
Con miles de inscriptos y posiciones enfrentadas, las audiencias públicas se perfilan como uno de los debates parlamentarios más intensos del año, en una discusión que combina ambiente, economía y control de los recursos naturales.
