El Gobierno defendió un acuerdo por $113 millones con una entidad que dirige la esposa de Sturzenegger.
La Cancillería renovó un contrato por más de $113 millones con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para el dictado de cursos de inglés destinados a diplomáticos y aspirantes, en una decisión que generó polémica por el vínculo familiar entre la directora de la entidad y un ministro del Gabinete nacional.
La firmante del contrato por la AACI es María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la institución educativa y esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El acuerdo, vigente desde 2018 y renovado este año, contempla la capacitación de 132 agentes entre marzo y noviembre, a través de cursos regulares, talleres y exámenes de nivelación.
Según confirmaron fuentes oficiales, la contratación se realizó mediante una adjudicación simple por especialidad, un procedimiento previsto por la normativa vigente. Debido a que Rouillet es considerada persona políticamente expuesta, intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que avalaron la operación tras la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad educativa.
El expediente administrativo contó con la participación de distintas áreas de la Cancillería, entre ellas la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración, la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). La adjudicación fue dispuesta por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, que también delegó la aplicación de eventuales sanciones ante incumplimientos.
Desde el Gobierno remarcaron que el monto del contrato corresponde a una actualización del acuerdo firmado originalmente en 2018, ajustado por inflación. También señalaron que una contratación previa, realizada en 2024, se concretó cuando Sturzenegger aún no ocupaba un cargo ministerial, aunque ya se desempeñaba como asesor ad honorem del presidente Javier Milei.
El canciller Pablo Quirno defendió públicamente la decisión y negó cualquier irregularidad. “No hay absolutamente ninguna irregularidad. Todo el proceso fue revisado por la Oficina Anticorrupción y la SIGEN”, afirmó, y subrayó que la documentación se encuentra publicada en los sistemas oficiales de contratación.
La polémica escaló al plano político luego de que la senadora Juliana Di Tullio anunciara que presentará una denuncia judicial por presuntas irregularidades. Desde el Ejecutivo rechazaron esas acusaciones y aseguraron que la contratación cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia, descartando la existencia de un conflicto de intereses.
Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y legislativo, en un contexto de alta sensibilidad por las reformas impulsadas por el Gobierno y el rol de Sturzenegger dentro del gabinete nacional.
