Docentes, nodocentes y estudiantes expresaron su preocupación por posibles cambios impulsados por el Gobierno nacional.
Docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se declararon en estado de alerta y movilización ante la posibilidad de modificaciones en la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro del sistema de educación superior pública.
La decisión fue adoptada tras un encuentro realizado el sábado 14 de febrero en la sede del SiDUNSJ, del que participaron representantes de los distintos claustros universitarios. La convocatoria reunió a delegaciones gremiales de UDA, ADICUS, APUNSJ, además de la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ).
Durante la reunión, los participantes analizaron el escenario actual a partir de información oficial que anticipa posibles cambios en la normativa vigente, lo que generó preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en el funcionamiento de la universidad y en las condiciones laborales del sector.
En un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que el conflicto no se limita al plano legislativo, sino que involucra el financiamiento estructural de la universidad pública. En ese sentido, denunciaron un avance sobre los convenios colectivos de trabajo y alertaron sobre el deterioro salarial que atraviesan docentes y nodocentes, cuyos ingresos —señalaron— resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
Los gremios remarcaron que la pérdida del poder adquisitivo afecta de manera directa al sistema universitario en su conjunto, comprometiendo las condiciones de cursada, la calidad académica y las políticas de permanencia e inclusión destinadas a garantizar el acceso equitativo a la educación superior.
Asimismo, encuadraron la situación dentro de un proceso más amplio que calificaron como una reforma laboral regresiva, la cual —según indicaron— implica un retroceso en derechos y afecta tanto a los trabajadores universitarios como al estudiantado.
Frente a este panorama, las entidades reafirmaron su decisión de actuar de manera unificada y formalizaron el estado de alerta y movilización, al tiempo que subrayaron la necesidad de organización y acciones colectivas para defender la universidad pública.
Finalmente, ratificaron la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y anticiparon que mantendrán un esquema de organización permanente ante cualquier medida que, a su entender, ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema universitario público.
