El científico analizó la audiencia pública por la modificación de la norma y cuestionó la falta de criterios técnicos en el debate. También señaló que la forma en que se organice la participación será clave para definir si el tema realmente se tratará en el Congreso.

En el marco del debate por la posible modificación de la Ley de Glaciares, Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología advirtió que la discusión actual se desarrolla más en el plano político que en el científico, y expresó preocupación por la metodología prevista para la audiencia pública, en la que se inscribieron miles de participantes.

Según explicó el especialista en su paso por el programa La Ventana, el proceso se encuentra dentro de lo establecido por la Ley General del Ambiente, que habilita la participación ciudadana, aunque recordó que la audiencia pública no es vinculante. “La audiencia está diseñada para que cualquier ciudadano pueda emitir una opinión, pero eso no significa que lo que se diga determine la decisión final”, señaló.

Uno de los puntos que genera dudas es la gran cantidad de inscriptos para exponer. Cada participante cuenta con cinco minutos, lo que implicaría, en términos teóricos, miles de horas de debate. “Si se multiplican los inscriptos por cinco minutos, estamos hablando de decenas de miles de horas. Serían años de exposición continua, por lo que seguramente se utilizarán mecanismos para ordenar las opiniones y seleccionar representantes por bloques”, explicó.

El especialista consideró que la forma en que se organice la audiencia será una señal política sobre la voluntad real de tratar el tema. “Si el proceso se extiende demasiado, se corre el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario. A veces, dilatar el debate también es una forma de no resolverlo”, afirmó.

Durante la entrevista, también remarcó que existe mucha confusión en la opinión pública sobre conceptos técnicos vinculados a los glaciares y al ambiente periglacial. Como ejemplo, mencionó entrevistas con periodistas que creían que el agua que llega a la provincia de Buenos Aires proviene del derretimiento de glaciares, algo que calificó como incorrecto. “Hay que diferenciar entre percepciones y argumentos científicos. No todos conocen qué es el ambiente periglacial ni cuál es su función real”, sostuvo.

En relación con la ley vigente, el especialista señaló que podría aplicarse sin modificaciones si se reglamentara correctamente y se definieran con precisión los criterios técnicos. “Hay más de una manera política de resolver lo que la ley actual no resuelve. No todo requiere cambiar la norma, muchas cosas dependen de cómo se la aplique”, indicó.

También se refirió al caso de Chile, donde no existe una ley específica de glaciares, pero sí inventarios oficiales y controles estrictos. Según explicó, ese país protege los glaciares sin incluir el concepto de ambiente periglacial en los mismos términos que la legislación argentina, lo que marca una diferencia importante en el enfoque.

El coordinador destacó que uno de los temas centrales es definir qué se debe proteger. “Estamos todos de acuerdo en que los glaciares deben protegerse. La discusión es sobre el ambiente periglacial, porque no todo ese ambiente es una reserva hídrica. Hay que estudiarlo con precisión científica”, señaló.

En ese sentido, advirtió que la actividad minera en zonas de alta montaña debe ser controlada con extremo rigor, incluso cuando no interviene directamente sobre los glaciares. “El material particulado que se genera puede depositarse sobre el hielo y acelerar el derretimiento. Ese es un riesgo real y debe ser evaluado en cada proyecto”, explicó.

Finalmente, aseguró que en la provincia de San Juan existen inventarios actualizados de glaciares, tanto nacionales como provinciales, y que presentan un alto grado de coincidencia. “Tenemos más de un 80 % de concordancia entre los inventarios, lo que en términos científicos es un resultado muy bueno y da confiabilidad a la información”, concluyó.