El Gobierno cuestionó a los gremios tras el rechazo a la oferta salarial. El conflicto podría resolverse por vía administrativa, evitando el paro.

El fracaso de la paritaria docente en San Juan abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y los gremios, con críticas cruzadas y un escenario aún sin definición formal, pero con margen para una salida indirecta.

El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, cuestionó con dureza a los sindicatos tras el rechazo a la propuesta oficial: “El principal dato es la sorpresa que nos llevamos”, afirmó, al señalar que previamente había existido aceptación en instancias internas.

Según detalló, la oferta incluía un aumento del 5% al valor índice, un bono de $120.000 y un complemento mensual de $100.000 no remunerativo, con foco en mejorar los ingresos más bajos. “El que menos incremento iba a tener iba a recibir alrededor de $150.000”, indicó.

El funcionario también apuntó a un cambio de postura sindical: “Me pareció muy llamativo que ante un sí público después se rechazara la propuesta”, y cuestionó la comunicación del ofrecimiento, al considerar que se difundieron interpretaciones incorrectas.

Sin embargo, más allá del conflicto formal, el escenario presenta una particularidad: la falta de acuerdo no necesariamente implica que el aumento no se aplique. En términos prácticos, el Gobierno podría avanzar con la liquidación de los incrementos —incluso mediante planilla complementaria— lo que permitiría que los docentes perciban parte de lo reclamado.

Este mecanismo abre una doble lectura política. Por un lado, los gremios podrían terminar cobrando mejoras salariales sin haber firmado el acuerdo, mientras que el Ejecutivo evitaría el costo de un conflicto prolongado o medidas de fuerza.

En ese sentido, el propio Gutiérrez dejó entrever las dificultades del proceso: “La negociación se vuelve muy difícil cuando no hay negociación, sino imposición”, marcando el nivel de tensión en la mesa paritaria.

El conflicto se da en un contexto económico ajustado, donde las provincias buscan contener el gasto salarial sin perder capacidad de gestión, mientras los gremios presionan por recomposición frente a la inflación.

Con las posiciones endurecidas, el desenlace dependerá menos de un acuerdo formal que de las decisiones administrativas del Gobierno. El escenario más probable es una resolución parcial que desactive el conflicto inmediato, pero que deje abierto el frente salarial para nuevas negociaciones en el corto plazo.