El gobernador valoró la sanción de la iniciativa en la Cámara de Diputados y aseguró que permitirá fortalecer la participación de trabajadores y empresas locales en la actividad minera.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por amplia mayoría la Ley de Desarrollo Local Minero, un proyecto impulsado por el oficialismo que obtuvo 32 votos afirmativos, dos rechazos y dos abstenciones, tras un prolongado debate legislativo.

Tras la sanción de la norma, el gobernador Marcelo Orrego expresó públicamente su satisfacción a través de su cuenta en la red social X.

«Hoy avanzamos en el San Juan del futuro que queremos construir. Se aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero, gracias al acompañamiento de los legisladores», manifestó el mandatario provincial.

Además, remarcó que la nueva herramienta contribuirá a que la minería continúe generando empleo para los sanjuaninos y mayores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas de la provincia. «Ese es el rumbo que elegimos para cada familia de San Juan», agregó.

La legislación establece objetivos concretos para incrementar la participación local en la actividad minera. Entre ellos, fija la meta de que las empresas operadoras alcancen un 80% de empleo sanjuanino, dando prioridad a los habitantes de los departamentos donde se desarrollen los proyectos extractivos. Asimismo, propone que el 60% de las compras y contrataciones anuales se realicen con proveedores radicados en la provincia, siempre que existan condiciones competitivas.

Otro de los puntos centrales de la norma es la obligación para las compañías mineras y sus principales contratistas de elaborar Planes de Desarrollo, en los que deberán establecer metas progresivas y medibles vinculadas a la contratación de mano de obra y proveedores locales. Esos programas deberán ser revisados y actualizados cada dos años.

La ley también crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), un sistema público y digital destinado exclusivamente a empresas con domicilio operativo en la provincia, que tributen en territorio sanjuanino y acrediten que al menos el 80% de su personal reside en San Juan.

Con el objetivo de brindar mayor previsibilidad al sector pyme, la normativa obliga a las operadoras mineras a difundir con anticipación sus planes de compras, demanda de bienes y servicios, así como las futuras licitaciones, para que las empresas locales puedan prepararse y participar de los procesos de contratación.

Como mecanismo de incentivo, aquellas compañías que cumplan simultáneamente con las metas de empleo local y contratación de proveedores sanjuaninos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá utilizarse para cancelar tributos provinciales o cederse a otras pequeñas y medianas empresas.

La norma también incorpora criterios de transparencia en las contrataciones, promueve la contratación de proveedores que agreguen mayor valor dentro de la provincia y dispone que las acciones de responsabilidad social empresaria se articulen con los planes estratégicos de los municipios en áreas como salud, educación e infraestructura.

La fiscalización del cumplimiento de la ley quedará en manos del Ministerio de Minería, con el apoyo de un Consejo Consultivo integrado por representantes del sector público y privado. Además, contempla un régimen de sanciones para quienes incumplan las disposiciones, que incluye multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias y la suspensión en el Registro de Proveedores Mineros.