La iniciativa impulsada por el gobernador Marcelo Orrego obtuvo un amplio respaldo en la Legislatura. La norma busca garantizar una mayor participación de trabajadores y proveedores locales en los futuros proyectos mineros de la provincia.

La Cámara de Diputados de San Juan convirtió este jueves en ley el proyecto de Desarrollo Local Minero, una iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo provincial con el objetivo de consolidar la participación de mano de obra, empresas y prestadores de servicios sanjuaninos en los grandes emprendimientos metalíferos que se ejecuten en el territorio provincial.

La sesión legislativa, que comenzó cerca de las 10 tras una demora de una hora respecto del horario previsto, fue encabezada por el presidente nato del cuerpo, Enzo Cornejo, debido a que el vicegobernador Fabián Martín asumió de manera transitoria el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Aunque el oficialismo ya contaba con el respaldo necesario tras obtener despacho favorable en comisiones junto a los bloques aliados, la votación final reflejó un consenso mayor al esperado. El bloque Justicialista, que inicialmente no había acompañado el dictamen durante el trabajo parlamentario, decidió respaldar la iniciativa luego de plantear una serie de observaciones técnicas.

De esta manera, el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría. El único legislador ausente al momento de la votación fue Fernando Patinella, de La Libertad Avanza, mientras que los diputados Mario Herrero y Graciela Seva, pertenecientes al espacio San Juan Vuelve, votaron en contra.

Durante el debate, desde el sector del peronismo alineado con el senador Sergio Uñac aclararon que el acompañamiento no significaba un apoyo sin objeciones. La diputada Marisa López cuestionó la postura del oficialismo al recordar la discusión por la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que ahora se impulsaba una norma destinada a resguardar a los proveedores sanjuaninos.

Asimismo, explicó que el bloque había propuesto modificaciones relacionadas con aspectos técnicos, especialmente sobre las etapas de cierre y poscierre de los proyectos mineros. Pese a esos planteos, el justicialismo resolvió acompañar la sanción de la norma, con excepción del sector referenciado en José Luis Gioja.

Otra de las intervenciones destacadas fue la de la diputada Fernanda Paredes, quien cuestionó las posturas sobre la intervención estatal al afirmar que «no se puede ser libertario en Buenos Aires y estatista en San Juan».

Los principales objetivos de la ley

La nueva legislación establece tres ejes centrales para impulsar el desarrollo de la actividad minera con mayor impacto local. El primero apunta a fomentar el empleo sanjuanino, fijando como meta que al menos el 80% del personal contratado por cada proyecto tenga residencia en la provincia, priorizando además a quienes habitan en los departamentos donde se desarrollen las explotaciones.

El segundo eje busca fortalecer el entramado empresarial local. Para ello, se propone que el 60% del valor anual destinado a la contratación de bienes, servicios y obras quede en manos de firmas radicadas en San Juan, siempre que puedan competir en igualdad de condiciones.

Por último, la norma promueve una mayor articulación entre las acciones de responsabilidad social de las empresas mineras y los planes de desarrollo de los municipios, con el propósito de orientar las inversiones en infraestructura, educación, salud y desarrollo comunitario hacia estrategias de largo plazo.

Planificación para los proveedores

Uno de los aspectos más relevantes incorporados por la ley es la obligación de las compañías mineras de informar con anticipación sus necesidades de compras y contrataciones mediante cronogramas estimativos. La medida pretende brindar previsibilidad a las empresas sanjuaninas para que puedan prepararse, invertir y desarrollar capacidades antes de competir por los contratos.

Además, las operadoras deberán realizar estudios que permitan detectar qué bienes y servicios demanda cada proyecto y cuáles de esas necesidades pueden ser cubiertas por proveedores locales, favoreciendo así una mayor integración del sector productivo provincial a la cadena de valor minera.