En medio de la conmoción por el abuso a una niña de 12 años, la mujer negó haber tenido conocimiento y denunció agresiones mientras avanza la causa judicial.
El caso de la niña de 12 años abusada y embarazada en San Juan sumó un nuevo capítulo con la aparición pública de la madre, quien negó haber tenido conocimiento de los hechos y denunció hostigamiento, ataques y difusión de información falsa tras la repercusión del caso.
A través de un video difundido en redes sociales, la mujer afirmó: “Yo no sabía que de noche se le metía en la cama a mi hija”, en referencia al presunto agresor, ya detenido en el marco de la investigación judicial.
El hecho salió a la luz la semana pasada cuando la menor se descompensó en la escuela y reveló la situación a docentes, lo que activó los protocolos institucionales. A partir de allí, intervino la UFI ANIVI, a cargo de la fiscal Andrea Insegna, que ordenó la detención de un sospechoso del entorno cercano.
En paralelo, se confirmó que la menor fue sometida a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en el marco de lo establecido por el Código Penal y la Ley 27.610, y ya recibió el alta médica.
En su descargo, la madre cuestionó duramente las versiones difundidas públicamente. “Todo lo que se anda publicando es mentira”, sostuvo, y aseguró que su hija nunca le manifestó ni el abuso ni el embarazo.
También denunció situaciones de violencia directa: “Invadieron mi hogar, tiraron piedras, me están escrachando”, afirmó, al describir el clima posterior a la exposición del caso.
Según su relato, el contexto familiar era complejo. Indicó que no mantenía una relación normal con su expareja y que sus hijos habrían sido amenazados, lo que explicaría el silencio prolongado. “Tenían miedo, por eso no hablaban”, señaló.
La mujer también expuso su situación personal y familiar, marcada por condiciones de vulnerabilidad: detalló que tiene hijos con enfermedades crónicas y que su rutina estaba centrada en el cuidado diario, lo que —según afirmó— le impedía advertir lo que ocurría.
Además, manifestó preocupación por el impacto social del caso: “Es mi hija la que va a sufrir cuando la señalen o se burlen”, advirtió, al pedir prudencia en la difusión de información.
El expediente avanza con medidas clave. El feto fue enviado a peritajes de ADN, que serán determinantes para confirmar la identidad del agresor y fortalecer la imputación. También se espera la declaración de la menor, considerada central para el proceso.
El caso reactivó el debate público en torno a la protección de menores, los mecanismos de detección temprana de abusos y la aplicación de la ILE en contextos de violencia sexual.
En ese escenario, la causa combina alto impacto social, presión mediática y un proceso judicial en desarrollo, donde los próximos resultados periciales y testimoniales serán determinantes.
La evolución del caso no solo definirá responsabilidades penales, sino que también pondrá en discusión las capacidades del sistema para prevenir, detectar y contener situaciones de abuso en entornos vulnerables.
