El Gobierno nacional respaldó la continuidad del juez Leopoldo Rago Gallo y promovió el ascenso del fiscal Fernando Alcaraz. Las decisiones reconfiguran el tablero judicial federal en San Juan.
El Gobierno nacional avanzó con dos movimientos clave dentro de la Justicia Federal con impacto directo en San Juan: respaldó la continuidad del juez federal Leopoldo Rago Gallo y promovió el ascenso del fiscal Fernando Alcaraz a un cargo superior en Mendoza.
Las definiciones fueron oficializadas tras el envío de nuevos pliegos al Senado impulsados por la administración de Javier Milei, en una jugada que reordena posiciones estratégicas dentro del sistema judicial federal.
En el caso de Rago Gallo, el Ejecutivo avaló su continuidad al frente del Juzgado Federal N°2 de San Juan, pese a que el magistrado alcanzará los 75 años, límite establecido por la Constitución Nacional para la estabilidad automática de los jueces.
Para seguir en funciones, el magistrado deberá superar ahora el trámite legislativo: audiencia pública en la Comisión de Acuerdos y aprobación por mayoría absoluta del Senado para obtener un nuevo mandato de cinco años.
La situación adquiere relevancia institucional porque, si el proceso no concluye antes de alcanzar el límite etario, el juzgado quedará vacante automáticamente. Desde ese despacho se investigan causas sensibles vinculadas a narcotráfico, delitos tributarios, conflictos previsionales y expedientes contencioso-administrativos.
Rago Gallo mantiene además una histórica cercanía política con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alineamiento que en ámbitos judiciales y políticos aparece como uno de los factores que fortalecieron el respaldo nacional a su continuidad.
El magistrado también protagonizó episodios de fuerte repercusión pública. Entre ellos, la investigación en el Consejo de la Magistratura tras la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi en 2013, proceso del que finalmente fue desligado.
En paralelo, el presidente Milei propuso al fiscal federal Fernando Alcaraz para ocupar el cargo de fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de Mendoza, un ascenso que dejará vacante una posición clave en San Juan.
Actualmente, Alcaraz se desempeña al frente del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos dentro de la Unidad Fiscal San Juan, bajo el sistema acusatorio federal implementado en 2024. Desde allí intervino en expedientes de alto impacto, como causas de trata de personas, narcotráfico y corrupción policial.
Su eventual salida abrirá un concurso para cubrir el cargo de fiscal ante los Juzgados Federales de primera instancia de San Juan, un proceso que suele extenderse por al menos dos años y que volverá a poner bajo discusión el esquema de selección y designación de funcionarios judiciales federales.
El movimiento simultáneo sobre Rago Gallo y Alcaraz muestra además una fuerte intervención política en la estructura judicial federal, en momentos donde el oficialismo busca consolidar influencia institucional en áreas estratégicas vinculadas a seguridad, narcotráfico y delitos complejos.
La resolución final de ambos pliegos quedará ahora en manos del Senado, donde el Gobierno nacional deberá construir consensos para sostener una ingeniería judicial que empieza a redefinir el mapa de poder federal en provincias como San Juan.
