La crisis de obras sociales y del sistema privado disparó un 63% la demanda en hospitales y centros de salud de San Juan. La Provincia absorbe más pacientes, pero solo recupera una mínima parte de los costos.

La red pública de salud de San Juan atraviesa un escenario de máxima presión. En los últimos dos años, la atención en hospitales y centros sanitarios provinciales creció 63%, impulsada por el deterioro de las obras sociales, los recortes de prestaciones privadas y el aumento de costos que muchos afiliados ya no pueden afrontar.

El fenómeno ya impacta de lleno en los principales centros asistenciales, donde la demanda sostenida comenzó a tensionar recursos, guardias y capacidad operativa.

Según datos oficiales, entre las principales causas aparecen las demoras en autorizaciones, los copagos elevados, la reducción de coberturas y las dificultades económicas de pacientes que, aun teniendo obra social, optan por atenderse en el sistema estatal para consultas, estudios, cirugías y tratamientos.

La presión se siente especialmente en los hospitales Rawson y Marcial Quiroga. Allí, cerca del 80% de las consultas de guardia corresponden a cuadros de baja complejidad que podrían resolverse en centros periféricos, según cifras oficiales.

El crecimiento también expone una paradoja: mientras el sistema público amplió prestaciones, descentralizó servicios y multiplicó la entrega de turnos, la sostenibilidad financiera se vuelve cada vez más compleja. Actualmente se asignan alrededor de 52 mil turnos mensuales, casi tres veces más que al inicio de la actual gestión.

El problema económico tiene otro dato crítico: San Juan apenas logra recuperar 13,75% del costo de las prestaciones brindadas a pacientes con cobertura médica. Durante 2025, el gasto provincial destinado a personas con obra social, prepaga o seguro médico atendidas en hospitales públicos alcanzó $16.000 millones, pero el recupero efectivo fue de solo $2.200 millones.

En otras palabras, el sistema estatal cobra menos de uno de cada siete pesos invertidos en atención médica a pacientes cuya cobertura debería financiar esas prácticas.

Las dificultades administrativas, las auditorías deficientes, los convenios desactualizados y las demoras de pago aparecen entre los principales obstáculos. De hecho, existen alrededor de $800 millones judicializados por prestaciones ya realizadas y aún impagas correspondientes a 2024 y 2025.

El impacto se profundiza además en departamentos alejados, donde la ausencia de prestadores privados deja al sistema público como única alternativa sanitaria. Frente a este escenario, el Gobierno provincial amplió guardias y servicios en 16 centros de salud, con el objetivo de descomprimir hospitales centrales antes de finales de 2026.

La crisis sanitaria ya dejó de ser solo un problema de atención médica: se transformó en un desafío financiero y estructural. Con más pacientes, menor capacidad de recupero y una red privada en retroceso, el sistema público sanjuanino enfrenta una pregunta central: cómo sostener una demanda creciente sin comprometer su capacidad de respuesta futura.