La masiva movilización en todo el país reactivó el reclamo por el financiamiento universitario y profundizó la tensión entre las universidades y el Gobierno de Javier Milei.
La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a exponer este martes la magnitud del conflicto entre el sistema universitario argentino y el Gobierno nacional. Miles de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias se movilizaron en distintas ciudades del país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el deterioro presupuestario del sector.
En San Juan, la convocatoria reunió a la comunidad de la Universidad Nacional de San Juan junto a gremios, agrupaciones estudiantiles, sindicatos y sectores políticos opositores. La movilización recorrió el centro sanjuanino con fuertes críticas al ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.
El reclamo central apuntó al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la pérdida del poder adquisitivo de salarios docentes y no docentes. Según datos difundidos por organizadores y especialistas, las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios universitarios registran retrocesos históricos.
En la previa de la marcha, desde la UNSJ habían advertido que la universidad solicitó alrededor de $220 mil millones para funcionar durante el año, aunque Nación solo habría autorizado cerca de $120 mil millones.
La protesta tuvo además un fuerte contenido político e institucional. En Plaza de Mayo, rectores y representantes estudiantiles reclamaron a la Corte Suprema que obligue al Estado nacional a cumplir la legislación aprobada por el Congreso y cuestionaron la decisión del Ejecutivo de no aplicar plenamente la norma.
La respuesta del Gobierno llegó pocas horas después. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que la movilización “no modifica la restricción presupuestaria” y defendió la postura oficial basada en el equilibrio fiscal y las auditorías universitarias.
Desde Casa Rosada insistieron en que el reclamo universitario tiene una fuerte impronta política y remarcaron que cualquier ampliación presupuestaria dependerá de los recursos disponibles y de la discusión legislativa.
La movilización también dejó un dato político relevante: el conflicto universitario volvió a convertirse en uno de los principales focos de desgaste para el Gobierno nacional y logró reunir sectores sindicales, estudiantiles, científicos y opositores detrás de una misma consigna.
Con el sistema universitario anticipando nuevas medidas de fuerza y el Ejecutivo ratificando el ajuste, el conflicto parece encaminarse hacia una nueva etapa de confrontación política y judicial que podría profundizarse durante el segundo semestre.
