Un dirigente político de Chimbas, su hija y un exfuncionario nacional enfrentarán juicio acusados de quedarse con parte del dinero de beneficiarios de programas sociales.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal comenzará este miércoles el juicio contra Romeo Isidoro Saavedra, histórico puntero político del PJ en Chimbas, acusado junto a su hija y su hermano de integrar una presunta estructura dedicada al fraude con programas sociales nacionales.

La causa también involucra a Sol Araceli Saavedra y a Juan José Saavedra, exfuncionario de la Gerencia de Empleo y Capacitación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Los tres llegan procesados por los delitos de asociación ilícita y fraude contra la administración pública nacional.

El expediente se originó el 20 de diciembre de 2017, cuando Romeo Saavedra fue detenido en un cajero del Banco Hipotecario tras despertar sospechas por realizar múltiples extracciones consecutivas. La Policía descubrió que tenía en su poder 51 tarjetas de planes sociales y cerca de 80 mil pesos retirados de distintas cuentas.

Según la investigación judicial, los acusados habrían montado un mecanismo para gestionar beneficios sociales y retener al menos el 60% del dinero acreditado a los beneficiarios.

La operatoria incluía programas como Progresar y otros planes nacionales. De acuerdo con la acusación, Sol Saavedra captaba potenciales beneficiarios, mientras que Juan José Saavedra utilizaba su posición dentro de la estructura estatal para agilizar trámites y habilitar tarjetas.

Posteriormente, Romeo Saavedra retiraba el dinero de los cajeros automáticos y entregaba solo una parte a los titulares de los beneficios. La Justicia sostiene que, en algunos casos, los beneficiarios recibían menos de la mitad del monto depositado por el Estado.

El debate será presidido por el juez Hugo Echegaray, aunque en las últimas horas trascendió que la fiscalía y las defensas mantienen negociaciones para alcanzar un posible juicio abreviado.

Ese mecanismo implicaría el reconocimiento de responsabilidad penal por parte de los imputados a cambio de una reducción en las penas solicitadas por la fiscalía.

El caso volvió a instalar en San Juan la discusión sobre los controles estatales sobre programas sociales y el uso político de estructuras territoriales vinculadas a la administración de beneficios nacionales.

A casi nueve años de la detención que desató el escándalo, el proceso judicial ingresa ahora en su etapa decisiva y podría derivar en una de las condenas más resonantes vinculadas al manejo irregular de asistencia social en la provincia.