El Gobierno provincial endurece su postura fiscal, rechaza auxilio financiero y apunta a recortar gasto político en los departamentos.

El Gobierno de San Juan elevó el tono frente a los municipios y exigió orden fiscal y ajuste del gasto, en medio de crecientes tensiones por la situación financiera de las comunas. La postura fue explicitada por el jefe de Asesores, Rodolfo Colombo, quien descartó asistencia extraordinaria y pidió reorganizar las cuentas locales.

El funcionario sostuvo que el actual escenario, atravesado por la caída de transferencias nacionales, obliga a todas las administraciones a revisar sus estructuras. “No es un problema de recursos, sino de cómo se administran”, planteó, al marcar un cambio de criterio respecto a prácticas anteriores.

En respuesta a los reclamos de intendentes, Colombo afirmó que la coparticipación se distribuye “según lo que establece la ley” y negó un reparto discrecional o insuficiente. Además, remarcó que fondos específicos como el Fondo de Desarrollo Regional no pueden destinarse a gastos corrientes, como salarios.

Uno de los puntos más sensibles fue el cuestionamiento a la estructura municipal. El Gobierno apuntó a un “exceso de contrataciones” y planteó la necesidad de reducir la planta política, en línea con una estrategia de ajuste orientada al equilibrio fiscal.

También rechazó los pedidos de auxilio financiero por parte de algunos municipios, al considerar que recurrir a ese mecanismo de forma habitual responde a “esquemas políticos anteriores”. En cambio, instó a mejorar la eficiencia en la gestión y evitar el uso de fondos con fines electorales.

El endurecimiento del discurso se da en un contexto donde la provincia debió absorber nuevas responsabilidades antes financiadas por Nación, como obras y programas sanitarios y educativos, lo que tensiona aún más los recursos disponibles.

La señal política es clara: la provincia no habilitará rescates financieros y trasladará la presión del ajuste a los municipios. El impacto de esta decisión dependerá de la capacidad de los gobiernos locales para adaptarse sin afectar servicios esenciales, en un escenario económico que sigue restringiendo márgenes de maniobra.