La Pampa presentó un amparo para frenar la reforma y advirtió sobre riesgos ambientales y conflictos interjurisdiccionales.

A pocas horas de la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, activó la primera ofensiva judicial contra la norma y pidió su suspensión inmediata en todo el país.

La demanda, presentada ante la Justicia Federal de Santa Rosa, solicita declarar la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta” de la ley. El reclamo fue impulsado junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientales, en un planteo que apunta directamente al corazón del nuevo esquema legal.

El eje del cuestionamiento es que la reforma introduce cambios “regresivos” en la protección ambiental y vulnera el principio de presupuestos mínimos establecido en la Constitución. Según los demandantes, la norma debilita el estándar uniforme de protección y lo deja sujeto a decisiones provinciales.

Además, advirtieron sobre posibles “daños ambientales graves e irreversibles”, especialmente en cuencas hídricas interjurisdiccionales. La preocupación central radica en que la nueva ley habilita revisar qué zonas cumplen función hídrica, lo que podría excluir áreas del inventario glaciar y permitir actividades productivas hasta ahora prohibidas.

El planteo también incorpora un componente político y federal. Aunque La Pampa no tiene glaciares, sostiene que depende de sistemas hídricos como el río Colorado, por lo que cualquier modificación en la Cordillera impacta directamente en su territorio.

Otro punto crítico es el proceso legislativo. La presentación judicial cuestiona la validez de las audiencias públicas, al considerar que fueron “meramente formales” y no garantizaron una participación efectiva de la ciudadanía.

La judicialización abre un nuevo capítulo en la disputa por la ley, ahora en el terreno de la Corte y los tribunales federales. Mientras provincias mineras celebran la reforma como clave para inversiones, sectores ambientales y algunos gobiernos provinciales anticipan una batalla legal que podría frenar o condicionar su aplicación.