Tras la convocatoria a audiencias públicas en Diputados, la reforma de la norma ambiental avanzará recién después de fines de marzo. La diputada sanjuanina Nancy Picón estima que el debate en el recinto podría darse la semana del 7 de abril.

El debate por la modificación de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en el Congreso luego de que la Cámara de Diputados confirmara la realización de audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo, instancia previa al tratamiento del proyecto en el recinto. Con ese cronograma, el debate parlamentario se trasladará al menos hasta la primera semana de abril.

La diputada nacional por San Juan Nancy Picón explicó que el corrimiento responde exclusivamente a plazos legales establecidos por la normativa vigente, que exige convocar audiencias antes de avanzar con iniciativas que puedan tener impacto ambiental.

“Primero hay que hacer el llamado a comisión y luego deben pasar al menos diez días hábiles antes de la audiencia pública”, señaló la legisladora al explicar el procedimiento legislativo. Según indicó, esta exigencia se vincula con el Acuerdo de Escazú, tratado internacional al que Argentina adhirió y que establece mecanismos de participación ciudadana en decisiones vinculadas al ambiente.

Las audiencias se realizarán durante dos jornadas, de 10 a 19, con participación presencial en el Congreso y modalidad remota, con el objetivo de garantizar la intervención de ciudadanos y especialistas de distintas provincias. Durante ese proceso podrán presentarse exposiciones, documentos técnicos y opiniones vinculadas al proyecto.

De acuerdo con el cronograma legislativo que se analiza en la Cámara Baja, una vez finalizadas las audiencias públicas se convocará a un nuevo plenario de comisiones, donde se realizará un resumen de las exposiciones y se avanzará con el dictamen correspondiente.

“La semana siguiente seguramente tendremos el plenario de comisiones y luego el dictamen, para poder sesionar esa misma semana”, estimó Picón, quien señaló que el debate en el recinto podría concretarse durante la semana del 7 de abril.

La reforma impulsada por el Gobierno nacional busca redefinir el alcance de las zonas protegidas en ambientes periglaciares, habilitando determinadas actividades productivas bajo criterios de control ambiental. El tema genera fuerte debate político y económico, especialmente en provincias cordilleranas como San Juan, donde la actividad minera tiene un peso significativo en la economía regional.

En ese contexto, Picón sostuvo que el objetivo del proyecto no es eliminar la protección ambiental, sino “aclarar competencias y reconocer el rol de las provincias en el control de sus recursos”, al tiempo que aseguró que “la función hídrica de los glaciares seguirá siendo intocable”.

La discusión legislativa promete ser intensa. Con votos ajustados en Diputados y fuerte presión de sectores ambientales, mineros y productivos, las audiencias públicas de fines de marzo se perfilan como una instancia clave para definir el rumbo de una de las leyes ambientales más sensibles del país.