La iniciativa recibió las últimas correcciones dentro del Ejecutivo y aguarda la firma del gobernador Marcelo Orrego. El proyecto propone beneficios fiscales para fomentar la contratación de empresas y trabajadores locales vinculados a la actividad minera.

Tras varios meses de trabajo técnico, consultas y análisis entre distintos sectores vinculados a la minería, el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero quedó en condiciones de iniciar su tratamiento legislativo en San Juan. Según trascendió de fuentes oficiales, la propuesta ya superó las instancias finales de revisión dentro del Gobierno provincial y solo resta la firma del gobernador Marcelo Orrego para su envío a la Cámara de Diputados.

La expectativa en el ámbito político y empresarial es que la iniciativa ingrese a la Legislatura en los próximos días, dando lugar a un debate que promete ocupar un lugar central en la agenda económica provincial.

El objetivo de la norma es potenciar la participación de empresas sanjuaninas, prestadores de servicios y mano de obra local en los proyectos mineros que se desarrollan en la provincia, especialmente en un contexto marcado por el desembarco de importantes inversiones vinculadas a la explotación de cobre.

A diferencia de otras propuestas impulsadas en distintos ámbitos, el proyecto no contempla la imposición de cupos obligatorios de contratación para las compañías mineras. Desde el Ejecutivo explicaron que la legislación vigente no permite exigir a empresas privadas la incorporación de una cantidad determinada de proveedores o trabajadores locales.

Frente a esa limitación, el Gobierno optó por un esquema basado en incentivos económicos. La iniciativa prevé beneficios impositivos para aquellas empresas que acrediten mayores niveles de contratación de bienes, servicios y recursos humanos de origen sanjuanino, así como también para proveedores locales que logren integrarse a la cadena productiva minera.

Entre las herramientas previstas figuran reducciones en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, con el propósito de generar condiciones más favorables para quienes apuesten por el desarrollo económico provincial.

La discusión sobre el alcance de los beneficios que deja la minería en San Juan cobró fuerza durante los últimos años, en paralelo con el avance de proyectos de gran escala en la cordillera. Diversas cámaras empresarias e industriales vienen planteando la necesidad de incrementar la participación de firmas locales en las contrataciones vinculadas a la actividad.

El debate volvió a cobrar relevancia recientemente luego de que la empresa Vicuña adjudicara la construcción de una nueva etapa del campamento Batidero a una unión conformada por compañías chinas y una firma santafesina. La obra, valuada en más de 50 millones de dólares, contempla la instalación de unas 2.500 plazas destinadas a trabajadores que participarán en futuros desarrollos mineros.

La decisión generó cuestionamientos en sectores productivos sanjuaninos, que consideraron que una inversión de esa magnitud podría haber representado una oportunidad para empresas radicadas en la provincia. Aunque la compañía actuó dentro de las reglas vigentes y con plena libertad para seleccionar a sus contratistas, el episodio reavivó la discusión sobre la necesidad de fortalecer la competitividad local.

Con el respaldo técnico de las áreas gubernamentales que participaron en su elaboración, la iniciativa se prepara ahora para afrontar su etapa legislativa. Allí, diputados, representantes empresariales y distintos actores económicos analizarán el alcance de una norma que busca consolidar una mayor integración entre la actividad minera y el entramado productivo sanjuanino.

En una provincia que proyecta a la minería como uno de los pilares de su crecimiento económico para las próximas décadas, la discusión sobre el desarrollo local promete convertirse en uno de los temas más relevantes del año.