La importación de un campamento modular para hasta 6.000 trabajadores desató cuestionamientos de empresarios argentinos, que denuncian pérdida de empleo local y ventajas competitivas para proveedores extranjeros.
La adjudicación del campamento Batidero para el megaproyecto minero Vicuña abrió una fuerte controversia entre el sector empresario nacional y las compañías a cargo del desarrollo cuprífero más ambicioso de Argentina.
El contrato fue otorgado a un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., que importará desde China una ciudad modular destinada a alojar a miles de trabajadores en plena cordillera sanjuanina.
La infraestructura contempla una capacidad inicial de 2.500 camas, aunque por el sistema de trabajo rotativo podrá albergar entre 3.500 y 5.000 personas. A medida que avance el proyecto, la demanda podría crecer hasta 12.000 trabajadores, lo que obligaría a ampliar el complejo hasta las 6.000 plazas.
Una diferencia de US$18 millones que generó debate
La propuesta ganadora fue cotizada en US$52 millones, desplazando a la empresa argentina Modular Homes, que presentó una oferta de US$70 millones.
Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular sostienen que la diferencia de US$18 millones resulta marginal frente a la inversión total prevista para Vicuña, estimada en US$18.000 millones hasta 2040.
El presidente de la entidad, Juan Pablo Rudoni, cuestionó la decisión y afirmó que la industria nacional tenía capacidad para ejecutar la obra con altos niveles de integración local.
El impacto sobre el empleo
El principal reclamo de los empresarios apunta a la generación de trabajo y al efecto sobre la cadena de proveedores argentinos.
Según estimaciones del sector, la fabricación local de los módulos habría generado alrededor de 400 empleos directos, mientras que la importación demandará apenas 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
Además, sostienen que unas 50 empresas nacionales podrían haber participado del proyecto aportando insumos, estructuras metálicas, paneles y servicios especializados.
«Se está dejando afuera una parte importante del valor agregado que podría quedar en el país», plantean desde las cámaras empresarias.
El rol del RIGI en la discusión
Otro de los cuestionamientos se centra en las ventajas fiscales otorgadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según Rudoni, las exenciones impositivas y aduaneras permiten reducir hasta un 30% los costos finales, situación que, a su entender, coloca a las empresas nacionales en desventaja frente a proveedores extranjeros respaldados por financiamiento estatal y subsidios de origen.
Los empresarios sostienen que, con iguales condiciones tributarias, la oferta argentina habría sido competitiva e incluso más conveniente.
El proyecto minero más grande del país
Impulsado por Lundin Mining y BHP, Vicuña es considerado uno de los mayores desarrollos cupríferos del mundo.
La primera etapa demandará inversiones por US$7.000 millones para la construcción y puesta en marcha de Josemaría, mientras que el plan integral prevé desembolsos por US$18.000 millones y una producción cercana a 400.000 toneladas anuales de cobre durante al menos 25 años.
La elección del campamento Batidero expuso un debate que trasciende una licitación puntual: cómo compatibilizar la llegada de inversiones internacionales con una mayor participación de la industria nacional. Mientras las mineras priorizan costos y velocidad de ejecución, los proveedores argentinos reclaman que el desarrollo del cobre también se traduzca en empleo, producción y valor agregado dentro del país.
Fuente: Infobae
