Tras la conmoción por el suicidio de un ex militar en San Juan, continúan las denuncias por falta de cobertura, prestaciones suspendidas y una deuda que ya rondaría los $300.000 millones.

La crisis de la ex obra social militar IOSFA continúa profundizándose en todo el país y mantiene en estado de incertidumbre a miles de afiliados, especialmente en San Juan, donde el caso del suboficial retirado Carlos Héctor Velázquez expuso con crudeza el deterioro del sistema sanitario de las Fuerzas Armadas.

A más de un mes de la tragedia que conmocionó a la provincia, afiliados y asociaciones de retirados denuncian que la situación no mejoró y que persisten los cortes de prestaciones, las demoras en tratamientos y la falta de respuestas concretas durante la transición hacia la nueva OSFA.

En San Juan, la crisis afecta a unos 7.000 afiliados, mientras que a nivel nacional el sistema alcanza a más de 550.000 beneficiarios entre militares, retirados y fuerzas de seguridad.

Según referentes locales, clínicas privadas, especialistas y centros médicos continúan limitando o suspendiendo prestaciones por falta de pago. Entre las áreas más afectadas aparecen traumatología, odontología, estudios complejos y tratamientos oncológicos.

Marcelo Pereyra Cuevas, referente de retirados militares en San Juan, aseguró que muchos afiliados se encuentran en una situación de “desamparo sanitario” y denunció que existen pacientes que deben afrontar cirugías millonarias de manera particular para poder recibir atención médica.

Uno de los casos más dramáticos revelados recientemente es el de un retirado de Gendarmería de 84 años que necesita una cirugía de marcapasos y una intervención urológica urgente, pero no consigue autorización ni cobertura integral por parte de la obra social. El presupuesto privado para una de las operaciones ronda los $6 millones.

El conflicto se agravó tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la disolución de IOSFA y dividir el sistema en dos nuevas estructuras: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFSEG).

Mientras avanza esa transición administrativa, afiliados de distintas provincias denuncian haber quedado en un “limbo sanitario”, con interrupciones en tratamientos, reintegros demorados y falta de medicamentos de alto costo.

La situación financiera aparece como el principal problema estructural. Diversos informes periodísticos y gremiales estiman que la deuda acumulada del sistema ya oscila entre $240.000 millones y $300.000 millones, con un déficit mensual cercano a los $15.000 millones.

Prestadores médicos también comenzaron a advertir sobre un escenario crítico. Algunos centros de salud privados aseguran acumular deudas millonarias y sostener prestaciones únicamente para evitar abandonar tratamientos sensibles.

La crisis incluso derivó en tensiones políticas dentro del oficialismo. En los últimos días, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente al ministro de Defensa Luis Petri por el “vaciamiento” del sistema sanitario militar.

En paralelo, asociaciones de retirados y familiares continúan exigiendo que el Gobierno garantice el cumplimiento del decreto de transición, que establece que no deben interrumpirse las prestaciones durante el proceso de reorganización.

Mientras tanto, el caso de Carlos Velázquez sigue presente entre militares y retirados sanjuaninos como símbolo del colapso de un sistema que durante décadas fue considerado uno de los principales pilares de asistencia para las Fuerzas Armadas.

La incertidumbre sobre el futuro financiero de la nueva OSFA, sumada a la falta de soluciones inmediatas, mantiene abierta una crisis sanitaria que ya trascendió lo administrativo y se convirtió en un problema social y humano de alcance nacional.