Carlos Icazatti y Manuel González denunciaron un perjuicio cercano a los US$500.000 y aseguran que pagaron las unidades que no les fueron entregadas. La defensa de Iván Goldstein sostiene que los departamentos nunca fueron cancelados y afirma tener documentación para probarlo.
La Justicia de San Juan abrió una investigación penal contra el empresario Iván Federico Goldstein por una presunta maniobra vinculada con dos departamentos del complejo Catamarán 12, por los cuales los denunciantes reclaman un perjuicio cercano a US$500.000, estimado en unos $750 millones.
La denuncia fue presentada por los empresarios Carlos Icazatti y Manuel González contra Goldstein Construcciones y Maderas Daher. Este jueves se realizó la audiencia de formalización y se estableció un plazo de 12 meses para investigar el caso, que quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
El punto central de la controversia es determinar si los dos departamentos fueron efectivamente pagados y qué efectos jurídicos tuvo una cesión de derechos realizada antes de que la constructora decidiera desconocer la operación.
Según la denuncia, el negocio comenzó cuando Elías Daher, propietario de Maderas Daher, adquirió los dos departamentos y posteriormente cedió sus derechos sobre esas unidades a Icazatti y González como parte de una operación comercial entre ellos.
Los denunciantes sostienen que pagaron a Daher lo que correspondía y asumieron la deuda que todavía permanecía pendiente con Goldstein Construcciones. Además, afirman que, en lugar de continuar con el esquema de cuotas establecido originalmente, se presentaron ante la constructora y cancelaron el saldo de contado.
De acuerdo con la acusación, Goldstein Construcciones inicialmente aceptó los pagos realizados por los nuevos adquirentes. El conflicto se habría producido después, cuando la empresa cuestionó la cesión de derechos.
Según la presentación judicial, en abril de este año la constructora desconoció la operación realizada entre Daher, Icazatti y González, dio por terminado el vínculo contractual con el primero y posteriormente se negó a entregar los dos departamentos.
Frente a esa situación, Icazatti y González acudieron a la Justicia penal. El perjuicio económico denunciado fue calculado en aproximadamente US$500.000, cifra que representa alrededor de $750 millones según la valuación incorporada al caso.
Icazatti, consultado sobre la investigación, decidió no realizar declaraciones públicas por el momento mientras avanza el proceso judicial.
La defensa niega que los departamentos hayan sido pagados
La versión de la defensa de Goldstein contradice uno de los puntos centrales de la denuncia.
El abogado Rubén Pontoriero, defensor de Iván Federico Goldstein, negó que su cliente haya cometido un delito y sostuvo que la controversia debería resolverse en el ámbito civil.
“Tenemos constancia documentada y contable de que jamás se pagaron esos departamentos”, afirmó Pontoriero.
La defensa anticipó así que presentará documentación y registros contables para respaldar esa posición durante la investigación. El caso fue formalizado bajo la hipótesis de un presunto desbaratamiento de derechos acordados, cuya existencia deberá determinar la Justicia.
Con las dos posiciones enfrentadas, la investigación tendrá ahora que reconstruir el circuito completo de la operación: el contrato original, la cesión realizada por Daher, los pagos que Icazatti y González aseguran haber efectuado, su eventual recepción por parte de la constructora y las razones por las que posteriormente fueron desconocidos los derechos sobre las unidades.
El expediente tendrá un año de investigación para establecer si existió una maniobra penalmente reprochable, como sostienen los denunciantes, o si se trata de un conflicto contractual que debe resolverse exclusivamente por la vía civil, como plantea la defensa de Goldstein.
