La Justicia analiza si el jefe comunal de Angaco y tres ediles deben ser investigados por abuso de autoridad y encubrimiento tras un acuerdo que buscaba frenar un juicio por presunto fraude.
El intendente de Angaco, José Castro, y tres concejales del departamento podrían quedar formalmente bajo investigación penal luego de que la Fiscalía los acusara de intentar modificar el curso de un proceso judicial en su contra. El juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi decidió dictar un cuarto intermedio de hasta tres días para resolver si habilita la imputación.
La causa se originó tras una denuncia de la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi, quien cuestionó un acuerdo institucional aprobado por el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante que buscaba extinguir una causa penal en curso.
El acuerdo que desató la denuncia
El convenio fue impulsado por el intendente Castro y aprobado por los concejales Alejandro Paredes, Roberto López y Alberto de los Ríos mediante una ordenanza votada en sesión extraordinaria.
La iniciativa proponía donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como reparación por un hecho ocurrido en 2019, cuando el jefe comunal fue denunciado por presuntamente utilizar maquinaria y personal municipal para trabajos en un predio privado en Chimbas.
Con ese acuerdo, la defensa buscaba suspender el juicio penal que enfrenta Castro por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La acusación de la Fiscalía
Para el fiscal de Delitos Especiales Francisco Nicolía, la ordenanza aprobada por el Ejecutivo y el Concejo Deliberante habría tenido como objetivo favorecer al intendente y evitar que el proceso judicial avance.
Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que “no caben dudas de la intención de favorecer a Castro y sustraerlo del accionar de la Justicia”.
Además, planteó que los hechos podrían configurar abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento, delitos que afectan a la administración pública.
La Fiscalía solicitó seis meses de investigación para determinar responsabilidades.
La defensa rechaza las acusaciones
Los abogados defensores de Castro y de los concejales negaron la existencia de delito y cuestionaron la intervención del Ministerio Público.
Según argumentaron, el acuerdo aprobado por el Concejo forma parte de una decisión política del ámbito legislativo municipal, por lo que sostienen que no corresponde una investigación penal.
También pidieron suspender cualquier imputación hasta que el tribunal que juzga el caso original defina la validez jurídica de la ordenanza, decisión prevista para el 20 de marzo.
Una causa con impacto institucional
El juez Fernández Caussi deberá resolver en los próximos días si habilita o no la investigación penal contra el intendente y los ediles.
De avanzar la imputación, el caso abriría un nuevo frente judicial para el jefe comunal de Angaco y pondría bajo análisis los límites entre decisiones políticas municipales y posibles responsabilidades penales de funcionarios públicos, un debate con fuerte impacto institucional en la provincia.
