El funcionario pidió respaldo financiero de la Nación y puso el foco en la responsabilidad del Estado con los menores.

“Esperemos que la Nación apoye a los gobernadores con recursos”. Con esa frase, el secretario General de la Gobernación de San Juan, Emilio Achem, sintetizó una de las principales preocupaciones que atraviesan el debate por la baja de la edad de imputabilidad, impulsado por el oficialismo en el Congreso de la Nación.

La discusión por la Ley Penal Juvenil, que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser penalmente responsables, volvió a instalarse con fuerza en el marco de las sesiones extraordinarias. Sin embargo, más allá del endurecimiento del régimen penal, el eje del debate se desplazó hacia un interrogante clave: ¿están las provincias en condiciones de aplicar la ley?

Desde San Juan, Achem cuestionó la contradicción entre sancionar una norma de mayor alcance punitivo y no garantizar las condiciones mínimas para su cumplimiento. “Con una mano levantás la mano para defender y con la otra los mandás a un lugar que no está en condiciones”, expresó en declaraciones radiales, al referirse a la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores en conflicto con la ley.

El funcionario remarcó que el problema no se resuelve con el encierro, sino con políticas integrales de cuidado y reinserción. “El edificio tiene que estar en condiciones para hacer políticas de contención, de integración, de cuidado. A esos chicos hay que llegarles al corazón”, sostuvo, y subrayó que, una vez que los adolescentes quedan bajo tutela estatal, la responsabilidad es plenamente del Estado y no de familias que ya no pudieron contenerlos.

El debate parlamentario expuso además un punto de coincidencia transversal entre distintos espacios políticos: la escasez de recursos y de infraestructura especializada en las provincias. La norma establece que los adolescentes privados de la libertad no compartan espacios con adultos y sean alojados en institutos específicos, con personal capacitado y programas educativos, sociales y psicológicos, un esquema que implica altos costos operativos y edilicios.

En ese contexto, Achem explicó que el Gobierno de San Juan viene trabajando en la recuperación del Instituto de Menores Nazario Benavídez, junto con mejoras en el Servicio Penitenciario Provincial y acciones coordinadas con las áreas de Niñez y Familia, que actualmente tienen a su cargo más de 200 menores bajo distintos regímenes de cuidado. El objetivo es transformar esos espacios en ámbitos de atención integral, y no en simples lugares de encierro.

No obstante, reconoció que el esfuerzo provincial puede resultar insuficiente si la ley avanza sin un acompañamiento económico concreto por parte del Estado nacional. En ese sentido, confirmó que la provincia ya trabaja en proyectos para gestionar fondos destinados tanto a infraestructura como a programas de reinserción social.

El debate que continúa en el Congreso no solo definirá la edad de imputabilidad, sino también el modelo de abordaje del delito juvenil que adoptará la Argentina. La discusión de fondo es si el Estado está dispuesto a invertir en un sistema que no se limite a castigar, sino que ofrezca una segunda oportunidad real, con condiciones dignas y políticas de cuidado efectivas.

En ese escenario, las provincias quedan en el centro de la escena. Sin financiamiento ni planificación sostenida, la reforma corre el riesgo de convertirse en una respuesta penal rápida, pero socialmente incompleta, que traslada el problema sin resolverlo.