La causa por la presunta megaestafa quedó en cuarto intermedio hasta el martes. Los investigados seguirán libres, pero no podrán salir de San Juan mientras se define si interviene la Justicia Federal.

La causa Global Market entró en una etapa decisiva: tras una extensa audiencia, el juez Javier Figuerola dispuso un cuarto intermedio hasta el martes, cuando deberá resolverse si la investigación continúa en la Justicia provincial o pasa al fuero federal.

El expediente investiga a Global Market Valores S.A. y GMI Inversiones S.A. por una presunta maniobra que ya tendría más de 23 damnificados entre personas físicas y empresas, con un perjuicio estimado en más de $4.000 millones.

En la audiencia estuvieron presentes Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, señalados como los principales investigados. La Fiscalía, encabezada por Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli, pidió que la causa pase a la Justicia Federal.

El argumento central del Ministerio Público Fiscal es que la maniobra excedería la competencia local por el volumen económico, la posible intervención del sistema financiero nacional y la sospecha de delitos como lavado de activos.

Los querellantes, en cambio, se oponen al pase de fuero. Sostienen que se trata de una estafa común y advierten que una discusión de competencia podría demorar medidas urgentes como allanamientos, embargos, secuestro de documentación y congelamiento de cuentas.

Durante la audiencia, los abogados de los damnificados pidieron la prisión preventiva de los acusados. Figuerola rechazó esa solicitud y resolvió que continúen en libertad, aunque con la prohibición de salir de la provincia hasta que se defina su situación procesal.

Según la acusación, los inversores habrían entregado fondos bajo la promesa de operaciones conservadoras y de bajo riesgo, pero el dinero habría sido desviado hacia otras firmas, cauciones, fondos, proyectos mineros o movimientos no autorizados.

La empresa, por su parte, atribuyó el conflicto a una crisis de liquidez y no a una insolvencia definitiva, versión que es rechazada por los denunciantes, quienes apuntan a una presunta administración fraudulenta y abuso de confianza.

El martes será clave: si el juez acepta el planteo fiscal, el expediente quedará en manos federales; si lo rechaza, la investigación seguirá en la Justicia local. Esa definición marcará el ritmo de una causa que ya se perfila como una de las mayores investigaciones por presunta estafa financiera en San Juan.